Todo comenzó como un juego ingenuo pero perverso, sin mirar consecuencias. Cuando el Presidente, Dr. Leonel Fernández se le ocurrió elaborar un proyecto de reforma constitucional a su medida, que bautizara como “una verdadera revolución democrática”, designó una comisión de juristas para que elaborara y sometiera al pueblo, en una especie de plebiscito, un cuestionario que arrojaría sus preferencias sobre el procedimiento a seguir para su discusión y aprobación, siendo favorecido ampliamente la idea de la Asamblea Constituyente. El resultado no le gustó al mandatario. Contrariaba sus designios, y se desvinculó de querer del pueblo. Solo uno del selecto grupo de juristas, que debió sentirse burlado, denuncia la maniobra y se retira indignado.

El Presidente somete al Congreso su Plan de Reforma con más de 150 artículos que sobrepasan el cuerpo de la Constitución vigente, 2002, siendo votada la ley de “reforma” y auto designada la Asamblea Revisora sin tener competencia para ello, en franca violación del articulado de la Constitución de manera que la nueva Constitución “una de las más moderna y avanzada del mundo”, proclamada el 26 de enero del 2010, aniversario del nacimiento del Padre de la Patria, nació espuria.

Recurrida la Ley de Convocatoria ante la SCJ en inconstitucionalidad por diversos abogados independientes, incluyendo al disidente Luis Gómez Pérez, Negro Veras y el suscrito, la Suprema Corte siguiéndole el juego al Presidente Fernández. Esperó taimadamente que la nueva Constitución fuera proclamada, para meses después rechazar el recurso por “carecer de objetivo.” Como en el caso Sun Land, la justicia fue nuevamente burlada por el poder político y burlados quedaron aquellos que dócilmente le sirvieron.

Convertido en Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el Presidente Fernández siguió su juego malévolo: comió con su dama, movió sus fichas colocando en la cúpula de las Altas Cortes (SCJ y TC) y en otros órganos estratégicos electorales (JCE, TSE) a abogados militantes de su partido o de incondicional lealtad, salvo ligeras excepciones.

Al Tribunal Constitucional encomendada la sagrada misión de “garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos humanos”, iluso y confiado en que sus decisiones tienen carácter definitivo e irrevocable y “son vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos de Estado”, se desvincula de su alta misión y viola la Constitución no solo con su aberrante sentencia 168/13, que con fiebre xenofóbica anti haitiana, desnacionaliza retroactivamente a miles de seres humanos hijos de padres en “transito” desde 1929, nacidos y criados en territorio nacional bajo el amparo de Jus Solis. Su soberbia llega a tanto que nos mete a todos en un atolladero internacional que nos deja al desamparo cuando ordena al Poder Ejecutivo desvincularse de la Convención Americana y de la Corte Internacional de Derechos Humanos, pretendiendo aislarnos del concierto internacional de naciones hermanas. Olvida la enseñanza del Apóstol: “Ningún poder de la tierra es ilimitado, ni el de la ley tampoco.” Y algo para recordar: cuando la soberbia del poder público se desvincula de sus responsabilidades institucionales, la democracia corre peligro.