La defensa de Conrado Pittaluga comenzó ayer a hacer “picadillo” la acusación del procurador general de la República, y reprochó que mientras Odebrecht era un árbol que estaba en pie “todos querían subirse en él” y ahora que su mundo se ha venido abajo se pretenda decir que todas las operaciones que se dieron en el marco de la misma están contaminadas.
Eric Raful, Santiago Rodríguez y Edward Veras, quienes encabezan la defensa del Pittaluga, iniciaron dando algunas pinceladas de las múltiples contradicciones que contiene la acusación del MP con relación a su defendido.
Sobre la supuesta complicidad con Víctor Díaz Rúa para cobrar sobornos a Odebrecht, adelantaron que el contrato de asesoría que su cliente firmó con el consorcio brasileño, así como los US$6.6 millones que cobró por sus servicios, son legales.
Asimismo, indicaron que si la compañía Newport Consulting LTD hubiese sido adquirida por Pittaluga para que a través de ella Odebrecht hiciera transferencias de sobornos para Díaz Rúa, los US$6.6 millones no tuvieran en su cuenta bancaria como lo ha certificado la Superintendencia de Bancos.
“A usted le ha llegado mucha cizaña y poco trigo; ahora usted tiene que hacer el ejercicio de saber cuál es el trigo (las garantías) y cuál es la cizaña (violación de esas garantías), y cuando usted haga ese balance de evaluar la garantía en los tres niveles de la acusación fáctica, típica y probatoria, yo le garantizo magistrado, que con el trigo que quedaría no moriremos de inanición”, dijo Rodríguez.
¿MP no sabe de derecho? La defensa resaltó que la acusación contra Pittaluga se centra básicamente en un contrato que el MP dice que es “simulado”, y aclaró que en Derecho Penal no existe una teoría de contratos, y que la simulación es una figura debidamente regulada en Derecho Civil.
“En un tribunal compuesto por abogados y fiscales, cuando se habla de simulación debe estar claro que la simulación es una figura contemplada en el derecho civil y que la reglas que se aplican son las del Derecho Civil”, señaló Rodríguez
Pero además, agregó, en el mundo del Derecho Civil el contrato lesivo solamente está contemplado en materia de sucesión y en materia de venta .
“Entonces, vamos a usar el lenguaje adecuado; aquí estamos hablando de un contrato de servicios prestados, y no al Estado sino a una compañía que pagó y que luego, como el mundo de esa compañía se vino abajo, se ha pretendido que todas las operaciones que se dieron en el marco de esa compañía están contaminadas, sin reparar en las realidades, en las situaciones concretas y específicas de cada caso”, enfatizó.
Rodríguez indicó que con eso no quiere decir ni rectificar “las cuestiones feas o indebidas” que pudieron producirse ahí, pero sostuvo que ahora es muy fácil evaluar la actividad de un profesional como Pittaluga en una compañía de la dimensión de Odebrecht cuando esta es un árbol caído.
“Ahora, cuando estaba de pie todos queríamos treparlo, todos queríamos ser Odebrecht”, sostuvo.
Autopista del Coral. Afirmó que en el 2003 esta obra ya tenía todas las licencias y permisos del Estado dominicano, había pasado por el Congreso, y asignada a Hormigones Moya; que la misma estuvo paralizada hasta el 2009 y fue culminada en el 2012, no por falta de licencia o permiso del Estado sino de financiamiento, debido a la crisis bancaria que hubo en el país.
Agregó que Díaz Rúa, a quien el MP le atribuye quitarle la obra a Hormigones Moya para cederla a Odebrecht a cambio del 1.25% del costo total de la misma, no era ministro de Obras Pública cuando esas dos empresas negociaron, sino Freddy Pérez.
“O sea, que el supuesto actor principal de la complicidad que se le pretende imputar a Pittaluga, accede a esa posición después de que ha habido una negociación para ceder la obra”, dijo Veras.
Contradicciones del MP. Entre los vicios que afectan de nulidad la acusación del MP, la defensa mostró una serie de imputaciones presentadas de formas distintas.
Indicó que el MP afirma que los sobornos fueron recibidos a través de Angel Rondón quien los distribuía entre los imputados, y también dice que el soborno era para Díaz Rúa y vino de Odebrecht disfrazado de contrato fachada de servicios jurídicos.
“No es posible afirmar por un lado que el supuesto pago de “sobornos” consistiera en el pago de honorarios profesionales “disfrazados”, y por otro decir que el “soborno” consistió en la contratación como abogado del licenciado Pittaluga”, indicó la defensa.
El MP también dice que la transferencia de US$100,000 a la cuenta de Pittaluga en un banco del país permite confirmar el vínculo con Newport Consulting, Ltd., como método para lavar dinero; y en otro lado afirma que los honorarios por contrato de representación legal es simulado (1.25% valor de obra Autopista del Coral) es “simulado”
También afirma que Odebrecht exigió a Pittaluga adquirir la sociedad Offshore Newport Consulting Ltd; y luego dice que fue el imputado quien creó la compañía. “Si fue Odebrecht que le exigió eso, entonces es falso que Pittaluga fundó la sociedad Offshore con fines ilícitos”, señaló.

Objeción del MP
Al inicio de la audiencia el Ministerio Público objetó que el Consejo de Defensa de Pittaluga estuviera conformado por seis abogados, por ser violatorio de la ley.
La defensa apeló al principio igualdad de armas, y a la sentencia número 64 dictada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el caso del Plan Renove, en la que hace referencia a la cantidad máxima de abogados de la barra de la defensa.
El juez de la instrucción especial Francisco Ortega, indicó que aunque el artículo 114 del Código Procesal Penal (CPP) establece que el imputado será defendido “por no más de 3 abogados”, con el precedente que estableció la alta corte en el caso arriba citado, decidió que que el imputado fuera asistido por 4 abogados sin perjuicio de los asistentes auxiliares.
Defensa técnica
Acogida la decisión del juez por las partes, la defensa técnica de Pittaluga quedó integrada por Eric Raful, Santiago (Chago) Rodríguez, Edward Veras y Manuel Rodríguez. Como asistentes auxiliares quedaron Joaquín Zapata y Conrado Pittaluga Vicioso, quienes continuarán hoy respondiendo la acusación del MP con la esperanza de lograr un Auto de No Ha Lugar a favor del imputado.
Las pruebas
Raful resaltó que de un total de 25 pruebas que el Ministerio Público presenta contra Pittaluga, 5 de ellas son comunes a los otros seis encartados en el caso de los US$92 millones de sobornos pagados por Odebrecht, y 4 fueron aportadas por su defendido.
Los demás imputados en el caso son además de Pittaluga y Díaz Rúa, Angel Rondón, Andrés Bautista, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Jesús (Chu) Vásquez.