¿Cuánto más para la UASD?

La Universidad Autónoma de Santo Domingo permanece en primer lugar en número de inscritos para la educación superior como opción válida por el prestigio logrado en su larga e histórica vigencia y sus bajos costos y requisitos para los estudiantes como centro de mayor compromiso con el fin social de formar profesionales. Sus crecientes obligaciones e insuficiencias justifican que reciba un presupuesto mayor en el 2019 para impulsar la calidad docente afectada precisamente por la sobrepoblación de alumnos en instalaciones que deben ser ampliadas y reunir mejores condiciones para un profesorado reducido en su efectividad por la estrechez y el exceso de labor que van contra la planificación efectiva y el perfeccionamiento pedagógico.

Aunque la inversión en lo académico debe responder a necesidades, no puede pasarse por alto la preocupación que sus propias autoridades admiten sobre el peso de una infraestructura burocrática que supera lo razonable. Es una casa de estudios estatal y de libre exposición a influencias que debe protegerse ciento por ciento de intereses no académicos o de inspiración política que en su escenario se mueven con una dinámica permanente de búsqueda de puestos en nóminas y cuotas de poder. Resulta de imperiosa necesidad que la UASD se revise administrativamente para dar el mejor uso posible a lo que recibe de los contribuyentes.

Perfeccionar las regulaciones

Existe la decisión oficial de reducir trabas y agilizar procesos que faciliten a propios y estaños la creación y desenvolvimiento de negocios en República Dominicana. En términos generales las condiciones para invertir son favorables pero en esta globalización las comparaciones pesan mucho y cualquier país estructuralmente más apto para iniciativas empresariales alcanza más altas metas de desarrollo.

La economía tiene que ser liberada de tramitaciones engorrosas y requisitos desfasados de una burocracia que se demora en trámites simples para construcciones y operaciones de capital. Deben superarse ambigüedades e inconsistencias jurídicas como señal de que las instituciones dominicanas pasan las pruebas que imponen los tiempos y reconocen la necesidad de incentivar actividades productivas.