El Gobierno pretende mejorar sus ingresos fiscales sin crear nuevos impuestos. Esta parece una de sus estrategias para tratar de lograr un pacto fiscal bien consensuado. La decisión supone hacer más eficientes las agencias recaudadoras para que puedan reducir la evasión fiscal. Esa es una buena señal para un país como este, con severas distorsiones tributarias. Mejorar las recaudaciones puede significar para el Gobierno un fortalecimiento de su capacidad para financiar el presupuesto, que año tras año arrastra significativos faltantes.
Sectores como la Asociación de Industrias de la República Dominicana han expresado preocupación por la frecuente recurrencia al crédito externo por parte del Gobierno. Y otra causa de preocupación es la baja calidad del gasto público, que carga el lastre de nóminas supernumerarias en la administración pública y erogaciones importantes para propósitos superfluos.
Creemos que las medidas para mejorar las recaudaciones deben ser fortalecidas con una reducción drástica de los gastos corrientes injustificables desde el punto de vista de la funcionalidad de la gestión pública, lo que significa renunciar al clientelismo político con cargo al erario. Es insostenible que la administración del Estado tenga costos tan altos y onerosos como los que tenemos. Es mandatorio ser más eficientes y recurrir menos al endeudamiento.

La que le espera a los municipios

El 2017 se perfila como un año de dificultades para los municipios, cuyos gobiernos se han caracterizado por aceptar que el Poder Ejecutivo les recorte la asignación que por ley les corresponde pero que tampoco rinden cuentas de sus gastos. Resulta que para el año que viene los gobiernos municipales volverán a tener asignaciones presupuestarias disminuidas, lo que reduce sus posibilidades financieras para cubrir los servicios de sus demarcaciones.

En este país, que crea leyes solo por el placer de tener algo que violar, hay una disposición que fija la proporción de los ingresos fiscales que corresponden a los ayuntamientos. Pero no se cumple y los gobiernos municipales quedan atados de manos y dependiendo de que el Poder Ejecutivo haga las obras que a ellos, por naturaleza, les corresponde hacer.