El sistema judicial en la provincia de San Cristóbal por mucho tiempo ha sido objeto de cuestionamientos, no solo por las decisiones de jueces, hay también señalamientos en contra de fiscales, lo que ha causado que se hayan iniciado investigaciones a ambas partes del aparato judicial. Al día de hoy hay quienes entienden que esa realidad ha cambiado, pero otros ven que sigue igual y persisten las irregularidades.
Esa imagen de descrédito, a juicio de la procuradora fiscal Diomery Soto, quien tiene cuatro años en el cargo, ha cambiado, y atribuye el mérito no solo a su gestión, sino a la encargada de la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de ese departamento judicial, María Garabito.
En el caso particular de la fiscalía, a pesar de tener que laborar en condiciones muy precarias, que saltan a la vista de cualquiera, esto no ha sido razón para que no haya entrega en el trabajo de sus investigadores, a consideración de Soto.
Pero a pesar de esos esfuerzos que asegura hacen, estos parecen no haber sido percibidos por una parte de los usuarios, quienes siguen cuestionando la forma en la que se imparte justicia en ese tribunal.
Es cuando se intenta obtener el parecer de la gente vinculada como querellantes, víctimas, abogados y familiares de acusados, que las apreciaciones varían.
EL abogado Carlos de la Cruz es uno de esos que señala con su boca el Palacio, y dice llanamente “eso no sirve”, y empieza a sacar cuentas de quien sí y quien no.
Influencia política. Dice que la mayoría de los jueces fueron nombrados en el 97, “Cuando el PLD y el PRD se repartieron la justicia, y responden a caprichos y a cuestiones personales, nada de ley”.
Hace sus excepciones con los jueces del único tribunal colegiado que existe y el de atención permanente.
A pesar se esas excepciones, a su juicio en materia judicial, igual que meses atrás en el ámbito sanitario, debe ser intervenido, y hace referencia a la cuestionada Corte de Apelación.
Y trae a colación la libertad del coronel Johan Liriano Sánchez, vinculado presuntamente a una red de narcotráfico que encabezaba Salomón Eusebio Rosario, alias Piki. Al militar le fue variada la prisión preventiva por garantía económica por la jueza de instrucción Rosaidalia Mateo, de quien dice no actúa igual con los presos infelices.
Los cuestionamientos del señor Nelson Tavárez van dirigidos hacia el Ministerio Público. Dice que son comunes los casos de arrestos antes de investigar, lo que ve es una violación a los derechos de las personas.
Su versión contrasta con la de la procuradora Soto, quien habla de la capacidad de su equipo. También con la de José Alberto Alíes, que tiene un hijo preso hace un año y cuatro meses, por homicidio.
“El padre (de la víctima) sabe quien fue que lo mató, se retiraron del caso, los dos testigos no vienen, todas las pruebas dieron negativo” y a pesar de eso, su hijo, a quien se le impuso tres meses de prisión preventiva, está tras las rejas.
Para el abogado Modesto Aquino el tiempo de fallos cuestionables ya pasó y la dificultad está en las facilidades físicas del palacio.