Es imperdonable que en un país como el nuestro, que ha logrado avances significativos en el campo de la medicina, no exista una fiscalización oficial de las condiciones en que se practican los cuidados intensivos en los centros asistenciales públicos y privados. Las unidades de cuidados intensivos son áreas de aislamiento que deben reunir unas características especiales, con el equipo necesario para el monitoreo constante de la evolución del estado de los pacientes en condiciones de alto riesgo.

Los doctores Syed Jamal Yunas y Pedro Ramírez Slaibe, director de Aseguramiento del Régimen Contributivo y de Aseguramiento en Salud para los regímenes subsidiados de la SISALRIL han denunciado que el Ministerio de Salud Pública, que debe regular los centros de atención intensiva, carece de una política para tales propósitos. Esta vigilancia es un requisito en todos los países que se esfuerzan por garantizar la calidad de la asistencia médica.

El Ministerio de Salud Pública está obligado a reglamentar y clasificar las unidades de cuidados intensivos en función de la complejidad de sus servicios y especialidades, vigilar que los pacientes reciban la atención adecuada con el mínimo de riesgos de infecciones y otros eventos que puedan perjudicarlo y cuantificar los errores médicos en clínicas y las infecciones intrahospitalarias.

NO A LOS PAROS EN EN LOS SERVICIOS

El reclamo de aumento salarial se ha generalizado en la administración pública y hay por doquier amenaza de paros laborales que afectarían servicios públicos esenciales, como la educación y áreas del aparato judicial. La demanda de aumento salarial puede perder su esencia y respaldo si se la acompaña de paralizaciones que limiten servicios públicos, o si se exigen aumentos de proporciones por el momento imposibles de complacer.

Aquí ha quedado demostrado que el diálogo conserva su virtud de conducir a entendimientos. En el caso de los salarios no es diferente. El Presidente Danilo Medina ha dicho que es el momento de revisar los salarios y parecería que los servidores públicos le han tomado la palabra, y ciertamente muchos que entregan su esfuerzo al Estado merecen mejor paga. Pero interrumpir los servicios públicos trastorna y perjudica a la sociedad en general.