Cumbre abre el debate por papel PN en investigación

Cumbre abre el debate por papel PN en investigación

La participación o no de la policía en las investigaciones criminales quedó ayer como uno de los temas a discutir en materia de lucha contra la criminalidad y la corrupción, debido al acalorado debate que provocó en la mesa que trata el tema dentro de la Cumbre por la Unidad Frente a la Crisis Económica Mundial.

Con la propuesta de que se cree una unidad especializada de investigación integrada por policías, militares y civiles bajo la dirección del Ministerio Público, el ex fiscal del Distrito Nacional José Manuel Hernández Peguero provocó efusivas reacciones de quienes apoyan que el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía se mantenga.

El controversial tema levantó de sus asientos a los más de 10 integrantes de la mesa, ubicada en el hotel Dominican Fiesta, dentro de los que estaban además el doctor Vinicio Castillo Seman, el general (PN) José Polanco Gómez y el jefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín.

La reacción dio lugar a que el tema seguirá siendo debatido el viernes, empero la citada mesa logró consenso en los restantes ocho temas que presentó.

Frente al plenario sobre Seguridad Ciudadana, moderado por el doctor Franklin Almeyda Rancier, también se presentaron las propuestas concensuadas sobre Reforma Policial y Seguridad Ciudadana.

Depuración del MP

En los debates sobre Consolidación Institucional desarrollados en la Cumbre, de las propuestas citadas como más importantes por su moderador, doctor Servio Tulio Castaños, fueron que se establezca que ningún  funcionario tenga  mayor sueldo que el del Presidente de la República y que se cree el Consejo General de Procuradores para que sea el órgano de gobierno del Ministerio Público. Además, en ese mismo punto, proponen que el Procurador General sea designado por el Presidente de la República pero ratificado por el Congreso Nacional, por un período de cuatro años y que éste goce de independencia funcional.

En otro orden proponen que en un plazo de 90 días el Congreso apruebe la Ley de Partidos Políticos y la de la Junta Central Electoral. 

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