La Constitución ha debido recibir en los años subsiguientes a reformas, la adaptación de leyes a sus mandatos, incluyendo reglamentar a los partidos y elecciones. Hacer lo contrario, como viene ocurriendo por falta de gestión legislativa, es (dicho con el nivel de exigencia que exige el tema) una omisión inexcusable. Un incumplimiento de un Poder del propio Estado. El mismo que en función de Asamblea Revisora estableció el canon vigente. El vacío de disposiciones adjetivas, con el agravante de ser causado por un órgano de estricto compromiso constitucional, replica un vicio de frustrante aparición en sectores públicos. Desde los gobiernos se incurre una y otra vez, en interés de abrillantar imagen, en trazar proyectos y dar primeros pasos que luego se pierden en el camino, antes de culminarlos o cuando faltan pocos detalles, postergando con ello la puesta en uso de costosos equipos que pasan a envejecer en almacenes.

En contravenir la planificación se incurre incluso fuera de cambios de gobierno, con la llegada de un nuevo ministro a mitad de cuatrienio que aplica su propio librito aunque algo recién comenzado quede trunco. La prioridad cambiante tiende a elevar costos de obras públicas y trastornar funciones de organismos, como los de Salud, o condenar comunidades a carecer de escuelas y otros servicios. Detrás de la inconsistencia afloraría seguramente alguna ejecución presupuestaria salida de cauce.

La importancia del buen ingreso

El salario justo no alcanza todavía mucha visibilidad en la relación obrero-patronal de República Dominicana. Algunos especialistas afirman incluso que por su bajo costo, la mano de obra, presionada por el desempleo y su insuficiente calificación, contribuye a la productividad de no pocas empresas. Ningún salario mínimo alcanza para satisfacer necesidades mínimas de muchas familias. También se queda atrás el ingreso promedio a nivel nacional.
Complace que la remuneración justa figure, junto a la preparación técnica y otros aspectos, entre las condiciones a llenar por los empleadores para merecer los reconocimientos del “Premio Nacional de la Calidad del Sector Privado”, una plausible medición de procesos productivos para promover la eficiencia y que resalta el clave papel del trabajador para crear riquezas.