El abogado Julio Cury declaró que en la concesión a 99 años para un proyecto turístico en Barahona se violó la ley 14-21 sobre arrendamiento de bienes del Estado que establece un límite de nueve años y la 340-06 sobre obras y contrataciones públicas que ordena una licitación pública para cualquier  concesión del patrimonio público.

Dijo que estas violaciones convierten en nulo el contrato, suscrito en el 2007 por el entonces secretario de Turismo, Félix Jiménez y Roberto Chetoni, presidente de la Sociedad Comercial Terma de Salamandra. El acuerdo fue aprobado la pasada semana por el Senado.

Jiménez defendió que el proyecto aliviará  el problema de la pobreza del suroeste del país, además de que  dará mucho valor agregado a esas tierras.

Al respecto, Cury dijo que eso no justifica que se haya violado la ley, otorgando una concesión de grado a grado y un plazo varias veces mayor del que la ley establece.

Señaló que tampoco se justifica el precio pagado por las tierras, ya que equivale a 420 dólares al mes por el usufructo de 2,300 tareas de tierra en 99 años.

“Cualquier persona en cualquier lugar del mundo estaría dispuesta a hacer una operación bajo esas condiciones tan onerosas con las que rigen esas relaciones con la compañía Terma de Salamandra”, expresó Cury.

Con relación a la autorización dada por el Poder Ejecutivo para que se apruebe el contrato y su posterior aprobación en el Congreso, Cury señaló que pueda ser por ignorancia o por venalidad, aunque no cree que las autoridades pasen de vista dos leyes tan importantes que rigen  actos públicos.

Previó que otro gobierno podría empezar a  impugnar  esos contratos por nulos, intervenirlos en violación a leyes de orden público que no pueden ser modficadas por acuerdo entre partes, por lo que  el Congreso, en cualquier momento, puede anularlo.