No sé si el procurador general de la República actuó por la libre o por encargo. Para los fines de lugar, a estas alturas, el dato es irrelevante. Lo constatado por toda la ciudadanía es que, su actuación contra la magistrada Miriam Germán en la sesión de evaluación pública del Consejo Nacional de la Magistratura, ha sido, hasta el momento, consentida por Danilo Medina, y eso es suficiente para que el presidente sea el dueño del tollo.
Si el procurador actuó por su cuenta, hizo un trabajo de venganza indigno y chapucero; y si actuó por encargo, peor aún. Desacreditar, sembrar dudas, sobre la calidad moral de la magistrada Miriam Germán en una sesión pública del CNM no era alternativa legítima ni prudente. El debido proceso debe siempre imperar.
Consumados los hechos, el balance político para el presidente Medina es negativo. Veamos.
Poco después de asumir la presidencia en su segundo mandato en 2016, explotó el escándalo internacional de Odebrecht con la sentencia de Nueva York.
En la República Dominicana, en enero de 2017, surgió Marcha Verde, un movimiento social contra la corrupción que congregó la oposición política y un segmento importante de la clase media urbana sin afiliación partidaria, hastiada con la corrupción del PLD.
Marcha Verde fue la piedra en el zapato del gobierno de Medina desde enero de 2017 hasta mediados de 2018.
Por motivos que no vienen al caso analizar en este artículo, Marcha Verde perdió fuerza desde mediados de 2018, y se allanó el camino para que el gobierno terminara el año pasado en relativa calma, con un nombramiento aceptable de cuatro jueces del Tribunal Constitucional.
El discurso del 27 de febrero de 2019 era el momento de afirmación de la recuperación del gobierno, ya sin la piedra en el zapato que había constituido Marcha Verde. El discurso fue estructurado para mostrar la cara más positiva del gobierno, con énfasis en los logros y escasas referencias a los problemas.
Pocos días después, el lunes 4 de marzo, el procurador dañó la fiesta del 27 de febrero. A partir de ahí, las acusaciones contra la magistrada Miriam Germán (improcedentes según las mismas estipulaciones del reglamento del CNM), han dominado la opinión pública.
Hasta ahora, el presidente Medina no ha hecho nada público, esperando quizás que el tiempo evapore el escándalo. Si esa es la estrategia, es un mal cálculo político. Al CNM le queda un mes de entrevistas y trabajo para seleccionar 12 jueces de la Suprema Corte de Justicia, por lo cual, el tema no va a esfumarse por ahora.
A diferencia de Marcha Verde, que ocurrió en la primera parte del gobierno de Medina, el tollo en el CNM ocurre en marzo, justo en el último inning, cuando pronto el presidente tendrá que decir, directamente o a través del comité político, si buscará una repostulación o no.
Con la acción del procurador y el silencio del presidente, el gobierno brinda en bandeja de plata una causa justa para la crítica y el descontento ciudadano.
La pregunta es: ¿cuánto capital político está el presidente Medina dispuesto a perder en este tollo?
Dependerá de cuán útil sea el procurador versus cuánto le asuste la opinión de un segmento de la ciudadanía indignada, con justa razón, por lo sucedido en el CNM.
La clase media es la que mayor indignación acumula, y es donde el PLD y el gobierno pierden más apoyo desde el 2017. Hasta ahora parece no importarles.