En República Dominicana, la verdadera revolución pendiente sigue siendo hoy la revolución capitalista. Y es que nos hacen falta más capitalistas propietarios y menos proletarios. De ahí la importancia de garantizar el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada de miles dominicanos que no pueden por ello acceder al crédito bancario; propiciar la generación de empleos de calidad estimulando a las empresas; destrabar el crédito y aumentar el nivel de bancarización; fomentar la competencia en todos los sectores de la economía, incluyendo el transporte de cargas y de pasajeros, que en la actualidad es monopolizado no por sindicatos sino por verdaderas empresas coaligadas en cartel; combatir los monopolios y oligopolios en todas sus manifestaciones; crear asociaciones público-privadas para los servicios públicos y las infraestructuras, en el marco de un Estado garante, es decir, un Estado que propicia las condiciones para la participación de los agentes económicos privados en el mercado y que economiza sus escasos recursos para atender las necesidades básicas de los sectores más carenciados; y establecer, aparte del turismo, un nuevo ancla de desarrollo, como lo podría ser la inexplotada energía renovable.

Solo creando capital saldremos del subdesarrollo y consolidaremos las capas medias de la población como quiere el Presidente Danilo Medina. Por eso es clave la conversión de las asociaciones de ahorros y préstamos en entidades financieras accionadas conforme el mandato del artículo 75 de la Ley Monetaria y Financiera (LMF). Si no se accionarizan, las asociaciones de ahorros y préstamos se extinguirán, como ocurrió con las mutuales en América Latina, Estados Unidos y España, y se verían imposibilitadas de hacer frente a la necesaria capitalización exigida por las normas prudenciales, al carecer de una estructura accionaria como el resto de las entidades de intermediación financiera del sistema, que les permita acudir a sus accionistas cuando se requieran aportes de capital tendentes a fortalecer la posición patrimonial de la entidad. Hay que enfatizar que las asociaciones son más sensibles a la competencia del resto de las entidades financieras, en especial de los bancos múltiples, porque, contrario a aquellas, y no obstante las nuevas operaciones que les autorizó la LMF, tienen todavía hoy un catálogo de operaciones bancarias limitado, pues, hasta la fecha, no se les ha permitido operar cuentas corrientes y captar depósitos a la vista, lo que coloca a las mutuales en una manifiesta desventaja competitiva frente al resto del sistema financiero. La conversión de las asociaciones de ahorros y préstamos en entidades financieras accionadas no solo consolida un sistema bancario más sólido y eficiente sino que, además, contribuye a la creación de capital social y a la emergencia de un capitalismo popular, en la medida en que cientos de miles dominicanos, aparte de conservar sus depósitos pasan a ser, además, accionistas con derecho a voz y voto en las asambleas de accionistas y no simples convidados de piedra en una asociación donde se produce una delegación a favor de las juntas directivas. Si durante o tras la conversión estas acciones son cotizadas en bolsa, no hay dudas de que también la conversión le da profundidad al mercado de capitales, al tiempo que este mercado provee de liquidez a los tenedores de acciones que pueden transformar fácil y ágilmente su capital en dinero. La conversión es, además, una gran oportunidad para: (i) darle mayor solvencia y mejor gestión al sistema financiero; (ii) aumentar la competitividad en el mercado al crearse nuevos agentes financieros; (iii) permitir que los dominicanos podamos ser accionistas en las empresas bancarias más exitosas; y (iv) ingresar al sistema tributario cientos de miles de nuevos accionistas a quienes periódicamente se les retendrán sus impuestos al momento de pagárseles sus dividendos.

En este sentido, creo firmemente que el presidente Danilo Medina está en una excelente posición política para propiciar esta revolución y ello por varias razones: su extraordinario nivel de popularidad ahora consolidado con una gran alianza que cubre a plenitud todo el espectro político y que tiene oportunidad de repotenciar en la campaña con vista a las elecciones de mayo de 2016; el hecho de que, al estarle prohibida constitucionalmente la reelección en 2020, tiene las manos libres para perseguir una agenda de reforma económica con un Congreso Nacional en parte remozado y con una amplia mayoría a su favor; y, lo que no es menos importante, no hay tercera fuerza política populista que –con su visión maniquea- amenace al sistema desde afuera, imposibilitando el debate público entre opiniones diferentes, deslegitimando las instituciones democráticas y creando una lógica de amigo-enemigo que impide encontrar una arena política neutral donde limar las naturales diferencias entre los actores políticos y sociales.

Lógicamente, todo lo anterior implica no hacer caso a quienes afirman que el PLD, en lugar de “seguir gobernando para hacer más ricos a los de la pirámide empresarial”, debe aumentar al máximo la presión tributaria. Dado que se ha subestimado la verdadera presión tributaria nacional, al no incluirse los costos de la seguridad social ni los asociados a la inseguridad jurídica ni a la energía eléctrica, lo que se impone, en realidad, es un “booster de confianza” que atraiga la inversión nacional y extranjera y nos haga depender menos del crédito publico. Esto solo puede lograrse mediante una reducción de tasas impositivas, que minimice la evasión, incluyendo la del ITBIS, que puede bajarse sustancialmente, pero expandiendo la base impositiva. Esto, combinado con un aumento del salario mínimo, la racionalización de las exenciones y una reforma estructural del sector eléctrico que nos conduzca a precios razonables de energía, pone dinero en manos de los consumidores y de un Estado que puede, con un gasto de calidad y focalizado, enfrentar las necesidades de los más pobres.