El turismo es motor del desarrollo. El aprovechamiento de los atractivos naturales y de la hospitalidad local garantiza la expansión de esta industria, gran fuente de divisas y empleos y de un potencial que no acaba. El Estado contribuye con importantes obras, sobre todo viales, a su desarrollo; y el inversionista que cree en el país ha usado parte de sus capitales para montar infraestructuras que normalmente corresponden al Gobierno. Más allá de lo favorable, que incluye el surgimiento de una conexión con productores locales de bienes que consumen los turistas, persisten motivos de preocupación a atender: Uno es la falta de un ordenamiento urbano en los entornos de polos turísticos, como Punta Cana y Puerto Plata, hace aparecer arrabales que deterioran áreas expuestas a visitantes.
El Gobierno central y los municipios deben poner coto a ese daño colateral del auge mismo del desarrollo turístico, para proteger una actividad económica tan importante. Han de tomarse en cuenta también los riesgos de la competencia regional en el mercado y evitar que los costos de insumos y servicios públicos, más el peso de cargas fiscales, sean aquí mayores que los vigentes en otros atractivos destinos del Caribe en donde habría mayor rentabilidad e incentivos para la inversión y el vacacionista. Por demás, el país debe imprimir claridad y permanencia a través del tiempo a sus reglas de juego.

Destructores incontrolables

Depredadores de ríos de varios lugares del país ejercen tal violencia, que cabe preguntar si tras ellos existe un poder fáctico que supera autoridades del área. Los propios guardaparques son agredidos, y hasta salen huyendo, tras proponerse impedir extracciones de materiales de los ríos. En medio de uno de esos ejercicios impunes fueron golpeados y se amenazó de muerte a dos periodistas de Santiago que tomaban detalles de excavaciones ilegales en el río Bajabonico de Imbert, Puerto Plata.
El Colegio Dominicano de Periodistas ha denunciado que se ejerció fuerza, en amago de asfixiarla, sobre la reportera Indira Vásquez, y habrían arrodillado con amenazas de quitarle la vida a su camarógrafo José Manuel de la Cruz. Sobre estos envalentonados destructores del medio ambiente deben actuar la fuerza pública y la Justicia.