Alguien con razón ha enunciado que la sabiduría popular viene condensada en refranes, digamos que en una frase se expresa, a manera de corolario, la síntesis de miles de experimentos sociales del diario vivir.
El tema de que aquellos polvos nos han traídos estos lodos viene a colación a raíz de una serie de titulares aparecidos en distintos medios de comunicación nacionales. Se trata del linchamiento del jovenzuelo apodado “Lagrimita”, hecho acaecido en el último trimestre del año 2017 en un sector de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Por esa acción guardan prisión preventiva desde el 9 de octubre de 2017 el médico Julio Gómez y su sobrino John Arias Ramírez, acusados de homicidio luego de que el ahora occiso “intentara robarle al doctor Gómez cuando se encontraba en compañía de su sobrino John” según reseña un parte de prensa.
En la década de los ochenta del recién pasado siglo denunciábamos la práctica común de supuestos grupos barriales que aparentemente se hacían justicia con sus propias manos matando a palos, pedradas y machetazos a conocidos delincuentes de la zona. Estas acciones ocurrían ante la mirada pasiva y cómplice de las autoridades del orden y sin que el Ministerio público dijera esta boca es mía. advertíamos esa vez de la potencialidad de que alguien mal intencionado gritara en medio de la calle: ¡Un ladrón, un ladrón!, para así comenzar una mortal persecución contra un individuo a quien se proponía matar. Llegué al punto de alertar sobre la posibilidad de uno que otro crimen político enmascarado de delito común.
Siempre he defendido el estado de derecho ciudadano y sigo considerando que la garantía de la seguridad de todos depende primordialmente del respeto a las leyes y la continua vigilancia y mantenimiento del orden público, así como de una diáfana y oportuna administración de justicia.
Cuando la delincuencia y el crimen campean por sus fueros y nada ni nadie parece detener el huracán de la inseguridad, entonces la gente empieza a actuar en lugar de la Policía y del poder judicial. Así es como se cometen atropellos y abusos ante la mirada cómplice de irresponsables servidores. Todo ser humano tiene derecho a defender su vida. Nadie está ética, ni moralmente obligado a dejarse matar por alguien sin oponer resistencia, incluso asumiendo una contraofensiva.
Es el clima de inseguridad ante la gran ola de asaltos, robos y asesinatos por doquier lo que hace que las familias y vecinos hagan de guardianes y jueces en momentos críticos en los que brilla por su ausencia la presencia de efectivos de los cuerpos armados. La ineficiencia e ineficacia en la prevención y tratamiento institucional de las acciones criminales traen como consecuencia respuestas ilegales de residentes indignados y abusados. Según datos del Observatorio de la Seguridad Ciudadana, de los cuales se hizo eco la periodista Mariela Mejía, en apenas siete años comprendidos entre el 2011 y el 2017 se registraron 136 linchamientos. Estas cifras estadísticas fueron publicadas el día 25 de octubre de 2017 en el periódico Diario Libre. En cualquier nación medianamente civilizada, esa noticia debió convertirse en un gran escándalo, sin embargo, ese escalofriante titular se pulverizó en el aire.
Aquellos polvos siguen trayendo lodos, víctima de ellos resultan ahora el doctor Julio Gómez y su sobrino.