De Eugenio María de Hostos en adelante

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22 julio, 2005 12:01 am Sé el primero en comentar
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POR JESÚS DE LA ROSA
Con la finalidad de reunirse con grupos de cubanos y puertorriqueños exiliados en el país, Eugenio María de Hostos arribó a Puerto Plata el 30 de mayo de 1875. Era la primera vez que el patriota y maestro puertorriqueño visitaba la República Dominicana. Diez meses después de su llegada se dedica por entero a actividades educativas en tierras quisqueyanas. El 5 de marzo de 1876, Hostos funda la Sociedad La Educadora con el fin de difundir la enseñanza de las ciencias sociales.

En ese primer proyecto educativo del insigne maestro puertorriqueño se involucraron de manera entusiasta el general Gregorio Luperón, Federico García Godoy, Fernández de Arcila y otros distinguidos ciudadanos.

Motivado por acontecimientos acaecidos en su patria puertorriqueña, Hostos abandona el país en abril de 1876. Cuando regresa tres años después a la República Dominicana con el firme propósito de dedicarse aquí a tiempo completo a labores magisteriales, el maestro se encuentra conque sus amigos son los que gobiernan.

Según Hostos el fin de la educación consistía en “formar hombres en toda la excelsa plenitud de la naturaleza con propósito de desarrollar las facultades del educando y de hacerlo apto para los ideales de justicia y para los valores de bien y de verdad” Sostenía que la escuela era “una actividad viviente de la sociedad”.

Hostos abogaba por la implantación de un sistema de enseñanza racional.

Hostos abogó por una educación laica y se opuso radicalmente al tutelaje de la iglesia católica sobre el sistema de instrucción pública.

La enseñanza hostosioana era la cara opuesta de la enseñanza católica tradicional. Por ello, los sectores más retardatarios y tradicionalistas de la sociedad dominicana de entonces obstaculizaron siempre las labores educativas que el maestro puertorriqueño se proponía llevar a cabo en el país.

A pesar de ello, personas decididas y valiosas ayudaron a Hostos a tratar de vencer los escollos y a sortear las dificultades.

En 1880, Eugenio María de Hostos fundó aquí, contando con el apoyo del Gobierno Provisional del General Gregorio Luperón, la Escuela Normal, el primer establecimiento docente del país dedicado, única exclusivamente, a la preparación de profesores. También, se estatuyó el Instituto Profesional, orientado a ofertar carreras liberales.

El 3 de noviembre de 1881, la poetisa y educadora Salomé Ureña funda bajo la orientación de Eugenio María de Hostos el Instituto de Señoritas dirigido a la formación de profesionales docentes del género femenino. Se trataba de una institución semipública sostenida con fondos provenientes del Ayuntamiento de Santo Domingo y de las contribuciones económicas de sus alumnas. Los hermanos Francisco y Federico Henríquez y Carvajal, Carlos Alberto Zafra, Emilio Prud Homme y la misma Salomé Ureña integraban el cuerpo docente de esa institución.

El Instituto de Señoritas celebró su primera graduación el 17 de abril de 1887. En esa ocasión recibieron sus títulos de Maestra Normal las damas Ana Josefa Puello, Luisa Ozema Pellerano, Mercedes Laura Aguiar, Altagracia Henríquez Perdomo, Leonor Feltz y Catalina Pou. Dos años después, el Instituto de Señoritas celebra su segunda investidura ordinaria. En dicho acto se invistieron Encarnación Suazo, Eva María Pellerano, Carmen Julia Henríquez, Altagracia Henríquez, Altagracia Peguero y Mercedes Echenique.

Los graves quebrantos de salud de Salomé Ureña le impidieron continuar con su labor educativa. El Instituto de Señoritas cerró sus puertas el 20 de agosto de 1894.

Diferente a lo sucedido con los alumnos de Eugenio María de Hostos que sólo uno de ellos – Evaristo Mejía – se dedicó por entero al magisterio, la mayoría de las alumnas de Salomé Ureña fundaron escuelas en diversos sitios de la geografía nacional y sentaron las bases del movimiento de la escuela dominicana de hoy.

Por sus desavenencias con el régimen del general Ulises Heureaux, Eugenio María de Hostos se vio precisado a abandonar el país en el año 1880 y dirigirse a Chile en donde permaneció más de una década ejerciendo el magisterio y realizando grandes aportes a la educación del país austral.

En 1990, después del ajusticiamiento del dictador, Eugenio María de Hostos está de nuevo de regreso al país. Meses después de haber llegado, pasó a ocupar los cargos de director del Colegio Central –antigua Escuela Normal– e Inspector General de Instrucción Pública.

El gobierno provisional del presidente Juan Isidro Jiménez le encargó a Hostos la tarea de reformular la enseñanza normalista y de formular un ante proyecto de nueva Ley General de Enseñanza Pública.

Hostos se propuso difundir la enseñanza técnica y básica.

El insigne maestro puertorriqueño sostenía el criterio de que no era necesario reabrir la vieja Universidad de Santo Domingo. Que las labores propias de una universidad aquí podrían estar a cargo de las salas de conferencias, de las bibliotecas públicas y de los museos.

El ante proyecto de nueva Ley General de Enseñanza Pública formulado por Hostos le quitaba al Seminario Conciliar todo derecho de impartir enseñanza pública con la excepción de aquella que tuviera que ver con la formación sacerdotal. También, contemplaba la prohibición a las instituciones educativas de carácter privado de otorgar títulos de maestros.

Los defensores de la enseñanza religiosa y los grupos más retardatarios de la sociedad dominicana de entonces se opusieron por medio de una sistemática campaña al ante proyecto de Ley General de Enseñanza Pública formulado por Hostos, el cual no fue aprobado por el Congreso de la República. Después de ese fracaso, Eugenio María de Hostos es nombrado Director General de Enseñanza Pública.

 El insigne educador puertorriqueño murió en la ciudad de Santo Domingo en el año 1903. Sus restos mortales reposan en el Panteón Nacional.

En otra entrega escribiremos sobre las ideas hostosianas en la Constitución de 1963; también, de los incidentes ocurridos alrededor con motivo del traslado de los restos de Eugenio María de Hostos al Panteón Nacional.

El 29 de noviembre de 1916, mediante una proclama suscrita por un Capitán de Navío de la Armada yanqui ¨ de cuyo nombre no quiero acordarme ¨ se declara la República Dominicana militarmente intervenida por los Estados Unidos.

Por medio de la Orden Ejecutiva –procedimiento mediante el cual el gobierno interventor desconocía las leyes nacionales para imponer sus propias leyes– No. 25 del 19 de enero de 1916, el gobierno de la intervención creó una llamada Comisión de Educación, que tuvo integrada por el Monseñor Adolfo A. Nouel, quien la presidió; y por los señores Pelegrín Castillo; Manuel Ubaldo Gómez; Manuel de Jesús Troncoso de la Concha; Federico Henríquez y Carvajal; Federico Velásquez y Julio Ortega Frier. La misión de esa Comisión era rendirles un informe a los interventores acerca de las condiciones en que se encontraba la instrucción pública en el país; también la de aportar soluciones a los problemas que afectaban a la escuela dominicana. Ese colectivo preparó las legislaciones por las cuales nuestra escuela se rigió en tiempos de la ocupación.

Ese conjunto de leyes fue promulgado por el gobierno de la intervención, mediante la Orden Ejecutiva No. 154 del 6 de abril de 1918.

El gobierno interventor encargó a Julio Ortega Frier, quien se había educado en los Estados Unidos, hablaba correctamente la lengua inglesa y congeniaba bastante con los ocupantes, la misión de dirigir el proceso de reforma de la escuela dominicana.

Julio Ortega Frier encausó la Ley de Instrucción Pública Obligatoria, mediante la cual se establecía la obligatoriedad que tenían los padres o tutores de enviar sus hijos menores de edad a la escuela; la Ley que reglamentaba el nombramiento de los empleados docentes; la que suprimía los exámenes de tesis que se requerían para obtener títulos correspondientes a la enseñanza secundaria y normalista; y, por último, el paquete de leyes que anulaba todas las leyes anteriores que en el campo de la educación se habían promulgado desde la fundación de la República Dominicana, el 27 de febrero de 1844. Por medio de esas últimas leyes, se establecieron tres niveles de enseñanza: nivel primario con cuatro modalidades: maternal, elemental, especial y superior; el nivel secundario con dos modalidades, la normalista y la vocacional; y universitario.

La modalidad especial abarcaba la enseñanza para adultos analfabetos; retardados mentales; sordomudos y ciegos, y la de niños de salud precaria.

La modalidad normalista del nivel secundario abarcaba los estudios necesarios para el magisterio. En tanto que la modalidad vocacional comprendía: agricultura; oficios, comercios y ramas análogas.

A Julio Ortega Frier cabe emporcársele su conducta colaboracionista con respecto al yanqui invasor. Pero, si pasamos por alto su cuestionada conducta cívica, tendríamos que reconocerle a Julio Ortega Frier sus valiosos aportes a favor del desarrollo de la escuela dominicana en tiempos de la ocupación. Nos proponemos en otra entrega profundizar más en relación con su la labor de este prestante educador.

A respecto, así opina el historiador Frank Moya Pons: “Las obras públicas continuaron y con ellas la ejecución de los programas de fomento de la educación primaria del país, así como la organización de un sistema sanitario. Para desarrollar la enseñanza primaria, el Gobierno Militar promulgó la Ley de Enseñanza en abril de 1918 y creó un Consejo Nacional de Educación encargado de la supervisión general de la instrucción pública en el país. Durante los años de 1917 a 1920, el Gobierno Militar construyó varios cientos de escuelas grandes y pequeñas, en las ciudades y en los campos, y el número de estudiantes matriculados subió de 20, 000 que había en 1916, a más de 100,000. La inversión en educación que hizo el Gobierno Militar fue bastante alta, si se tiene en cuenta que anteriormente éste era un aspecto bastante descuidado de la administración pública” (Moya Pons; “Manual de Historia Dominicana” Caribbean Publishers, Santo Domingo, 1992, página 482.

El esfuerzo de mejoramiento de la escuela dominicana en tiempos de la ocupación se vino abajo a raíz de la promulgación de la Orden Ejecutiva No. 758 del 13 de junio de 1922, por medio del cual se destinaba de manera exclusiva para el sostenimiento de la instrucción pública el porte recaudado de la aplicación del un impuesto sobre la propiedad, bautizado con el nombre de Impuesto Escolar Sobre la Propiedad.

Los precios internacionales del azúcar y de otros renglones se habían derrumbado en los mercados internacionales, razón por la cual las recaudaciones del Gobierno de la Intervención habían disminuido de manera considerable.

Con esa Orden Ejecutiva, el Gobierno interventor nos colocó ante el dilema de pagar dicho impuesto o de cerrar las escuelas.

Uno del considerando de dicha Orden Ejecutiva decía: “Por cuanto conviene hacer depender la suerte y la prosperidad del servicio escolar de un impuesto directo que permita al pueblo dominicano ajustar la cantidad de las tributaciones a las necesidades de tal servicio, y que dé, a cada común de la República, la clase y el número de escuelas que correspondan a su riqueza relativa y al celo con que sus terratenientes cumplan con el pago de dicho impuesto”.

Tanto en la Región Este del país como en la capital de la República la propiedad estaba concentrada en muy pocas manos. Ni los dueños de centrales azucareros ni los de los grandes latifundios localizados en los alrededores de la ciudad de Santo Domingo podían eludir el pago del impuesto contemplado en la Orden Ejecutiva 758. Por lo que muy pocas escuelas de las localizadas en esa parte de la geografía nacional tuvieron que ser cerradas. Pero, en las siete provincias del Cibao, donde la concentración de la propiedad territorial no se daba en pocas manos, la abstención de pagar dicho impuesto fue general, lo que como consecuencia que todas las escuelas públicas situadas en esa área fueran cerradas.

El proceso de desocupación del país se inició en febrero de 1922 con la instalación del Gobierno Provisional de Juan Bautista Vicini Burgos hasta concluir el 12 de julio de 1924 con la instauración del Gobierno Constitucional de Horacio Vásquez y la salida del país del último contingente de tropas estadounidenses.

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