De la formación docente

– 3 de 3 –

Qué habremos de hacer para proporcionarles a nuestros estudiantes una educación que alcance niveles internacionales de competitividad? A pesar de que no se nos ocurre una repuesta específica, sabemos que la calidad de nuestro sistema de instrucción pública se elevaría si procediéramos a impulsar una reforma curricular, a la puesta en vigencia de nuevos planes de estudios, a desarrollar un amplio programa de capacitación y formación docente junto a la implementación de políticas tendentes al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los maestros que laboran en escuelas, institutos y liceos públicos. También, a la construcción de miles de aulas, a la adquisición de más instrumentos de enseñanza, a extender los horarios de clase, y a darle fiel cumplimiento al calendario escolar. Además de la voluntad política de hacerlo de parte del Gobierno del presidente Danilo Medina y de los que le sucedan, ¿cuántos miles de millones de pesos habría que invertir en los próximos años para ejecutar esas acciones? En las circunstancias actuales, inversiones como ésas suponen un gran esfuerzo de parte de los gobiernos; incluso, no se descarta que las mismas puedan estar fuera del alcance de nuestras posibilidades.

Lo que le cuesta al Estado financiar un sistema de instrucción pública de calidad al cual todos tengan acceso podrían entrar en conflicto con la satisfacción de urgentes necesidades en áreas como la salud, seguridad ciudadana, vivienda, protección y conservación del medio ambiente entre otras.

La educación es un bien público que beneficia al individuo y a toda la sociedad. Hoy, es considerada como uno de los motores de la economía: “Una vez que el capital humano ha alcanzado un umbral crítico, juega un papel aún más relevante en el proceso de desarrollo económico. Lo que es más, la obtención de altos niveles de educación secundaria y terciaria son importantes para que el capital humano se traduzca en un crecimiento económico sólido” (OCDE, UNESCO)

El Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2014 es de RD$605,070.6 mil millones. Atendiendo a lo especificado en el Art. 197 de la Ley General de Educación 66-97, el Ministerio de Educación recibirá la suma de RD$109,169.1 millones, equivalente al 18.04% del Gasto Público Total y al 4.04% del Producto Bruto Interno (PBI). Dicha partida presupuestaria nos parece más que suficiente para, al menos, probar con hechos que somos capaces de estructurar un sistema de instrucción pública acorde con las demandas de los tiempos en que vivimos.

Álvaro Marchesi, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en el preámbulo de su autoría de la obra “Aprendizaje y Desarrollo Profesional Docente” puso de manifiesto que “la calidad de la educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado”. De ahí el empeño del Ministerio de Educación, del Ministerio de Educación Superior, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UASD y de otras instituciones de educación superior de ofertar programas de formación y capacitación docente que respondan a los estándares de calidad internacional. El ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, enfrenta un gran reto, el de llegar a un entendimiento con los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) como modo de evitar que el Pacto Nacional para la Reforma Educativa propuesto por el Gobierno del presidente Danilo Medina fracase. Los dirigentes y activistas de esa combativa agrupación están comprometidos con la defensa de los salarios y las condiciones de trabajo y de vida de sus afiliados; también, con valores como los de libertad de asociación y de derechos laborales; pero, deben de entender que el asumir compromisos como ésos no les exime de promover la excelencia, el amor y la dedicación al trabajo.


COMENTARIOS