El principio de la irretroactividad de la ley, de los derechos adquiridos legítimamente bajo el imperio de un régimen jurídico instituido y vigente, hizo fondo.  Rodó por el suelo. Se fue al carajo con la última sentencia del Tribunal Constitucional que puede traer, si no es revisada, graves consecuencias a nivel nacional e internacional donde ya hemos sido duramente condenados por tales aberraciones.

El problema de las migraciones ha existido siempre y en todas partes del mundo, y las naciones se han preocupado por darle una salida jurídica y práctica en función de la protección que merece los intereses nacionales y la necesidad de mantener un razonable flujo migratorio dentro de una política definida de mutua conveniencia y reciprocidad que en nuestro país y el país vecino  no ha existido a lo largo de la historia.  Podría afirmarse que ha sido torpedeada por intereses bastardos que lejos de servir al común entendimiento han alimentado el  maltrato y, en nuestro caso particular, la explotación de mano de obra barata, no calificada, que ha venido ha desplazar al obrero criollo.

Nuestra primera Constitución, liberados del yugo impuesto por Haití, por razones coyunturales, privilegió la nacionalidad de origen o de raza, lo que no fue óbice para que nuestro Patricio, Juan Pablo Duarte, proclamara, descartando toda fusión, su admiración por el pueblo haitiano.  Consolidada nuestra nacionalidad, el derecho de suelo impuso su impronta constitucional, acorde con el concierto de naciones y los convenios internacionales.

De ahí es que resulta aberrante la sentencia del Tribunal Constitucional que, retroactivamente, pretende desconocer el Jus Solis y privar de su legítima nacionalidad, valiéndose de una premisa falsa, la de la transitoriedad, a dominicanos nacidos y criados en esta tierra, declarados legalmente  por sus padres inmigrantes, documentados o no, siendo provistos de sus actas de nacimiento, de sus cédulas de identidad personal, asimilando nuestra cultura e idiosincrasia, formando familias por generaciones y haciendo vida común y permanente con el resto de de nuestros ciudadanos.  Condenarlos ahora a la muerte civil, a ser apátridas, a no ser nadie, es una infamia, una clara manifestación de xenofobia racial anti haitiana, de corte terrorista, que violenta derechos fundamentales que provocan repulsa e indignación, consciente de que esa sentencia atenta contra una realidad insoslayable que no puede ser ignorada sin consecuencias.

Iba a comentar dicha sentencia partiendo de “Los errores Judiciales” de René Floriot.  Pero no se trata aquí de un error judicial, sino de una conspiración. Se explica así  la complacencia del Director de Migración,  de la JCE  y  de  gente ilustrada, “patriotas” cercana a las cavernas.  El grito de indignación de Quisqueya, hija de Silvano, y el enjundioso estudio de Negro Veras desmontando las sinrazones  y dando razones jurídicas concluyentes sobre la nacionalidad cuestionada, me permiten tener esta otra versión del caso.

“El significado clave de la violencia es el acto de violar un derecho básico del ser humano.” Gobernar y ser gobernado no es en base a una fuerza material o intelectual, sino en base a un principio moral, de respeto a la dignidad humana. De ahí su capital importancia.