En nuestro país es sumamente difícil ejercer el derecho a la libertad de preguntar, decir, discutir, opinar, mantener una posición diferente, contestataria, sin que le suelten los demonios a quien intenta llegar al fondo del asunto y, finalmente, salir triunfante con la verdad.

Este país de nuestros amores y de nuestros dolores, es un cofre impenetrable, oscurecido por verdades a medias, ocultado entre una maraña de mentiras y consejas que permiten pensar que nos falta mucho para desarrollarnos como sociedad.

La zancadilla verbal, el tú no sabes cómo es, no toques esa tecla y mil expresiones podridas, sirven para que el pueblo no conozca la libertad, por aquello de San Juan: “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”.

No somos libres, estamos rodeados e inmersos en una serie de trampas históricas que contribuyen a que no seamos soldados de la verdad, que sólo seamos practicantes de la libertad cuando entendemos que nos conviene.

De 1930 en adelante, se produjeron tantos crímenes de Estado y tantos asesinatos aleves, que parecieron mellar nuestra capacidad de asombro y de protesta.

Permitimos que los presos, los asesinados, los desaparecidos no nos preocuparan, en la medida en que esos dominicanos caían víctimas de la tiranía de Trujillo. Callamos porque no eran familiares nuestros, aunque fueran padrinos, compadres, primos lejanos de apellidos diferentes.

La cobardía el “yo no sé nada/yo llegué ahora mismo/si algo pasó, yo no estaba aquí/que si lo dijeron/que si alguien lo vio/que si lo cogieron/que si qué sé yo/yo no sé nada/yo llegué ahora mismo/si /algo pasó/yo no estaba allí.

He abogado por la eliminación de la ingrata disposición constitucional que consagra la prescripción de la pena y elimina la facultad legal de perseguir a delincuentes que huyen del país durante un tiempo y luego regresan como si nunca hubieran matado un mime, aunque tengan un cementerio particular.

Aquí vivieron sus últimos años algunos de los asesinos que saciaron sus apetencias criminales desde San Isidro, donde se han ocultado genocidas y asesinos.

En los últimos tiempos descendientes del patriota Manuel Aurelio Tavares Justo han ejercido el derecho de buscar justicia en los tribunales por el fusilamiento de su padre, capturado vivo y sin posibilidades de agredir a sus captores.

Se acusa del fusilamiento al general Ramiro Matos González y ahora se le carga el dado a un hijo recientemente designado Jefe del Ejército.

Repito la pregunta que hice en dos artículos escritos en meses pasados: ¡Ajá¡ nada más Ramiro, si fue quien ejecutó esa orden, tan infame y cobarde, de fusilar a personas indefensas y desarmadas.

¿Y dónde están los genocidas de 1965 y las asesinos, civiles, militares y policías de los 12 años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer?