Un juez, un siquiatra y un abogado citados ayer como parte de las investigaciones del caso “Quirinito” justificaron sus actuaciones ante los encargados de Inspectoría del Poder Judicial y de la Procuradurúa General de la República.
Con Willys de Jesús Núñez, el suspendido juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal que ordenó el traslado de Quirinito; Jarvis Hazim, el psiquiatra que certificó el estado depresivo de la señora Jennifer Stephanie Domínguez Hernández, y el abogado Félix Portes, suman 20 las personas entrevistadas por las autoridades desde que se conociera el caso.
No soy un improvisado. Núñez sostuvo que dispuso el traslado de Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito) actuando con apego a la norma, por lo que dijo, le sorprenden los cuestionamientos.
Afirmó que si él le hubiese aplicado algunos de los beneficios que contempla el micro-ordenamiento jurídico penitenciario, como la libertad condicional, permiso laboral, o cumplimiento especial de la pena; o si hubiese dispuesto su traslado hacia La Victoria, se pudiera elucubrar y debatir en cualquier escenario sobre la situación del condenado en cuestión.
“Pero en lo que a mí concierne, solamente se trató de un traslado rutinario como se hace con cualquier interno. Lo trasladé a otro centro dentro del mismo nuevo modelo donde se supone que las condiciones son iguales y hay un nivel estandarizado, donde él iría a cumplir su prisión”, subrayó.
El suspendido juez habló así al se interrogado en la Inspectoría del Poder Judicial.
Afirmó que él no es un improvisado en el sistema judicial, y que lleva muchos años como Juez de Ejecución de la Pena
“El traslado que se le hizo a ese interno (Quirinito) fue una rutina, asunto de abc de las labores de un tribunal de acuerdo al ámbito de su competencia”, puntualizó.
El certificado es real. El doctor Hazim fue interrogado por el director de Inspectoría de la Procuraduría General, Bolívar Sánchez, y aseguró que el certificado médico que expidió a la señora Domínguez Hernández, y que esta utilizó para justificar su inasistencia a un interrogatorio el pasado viernes, 20 de octubre, es real.
El galeno fue muy parco al hablar con los periodistas, alegando que no podía divulgar asuntos de familia ni de sus pacientes.
Sin embargo, fue enfático al afirmar que el certificado médico que expidió a Domínguez Hernández “sí es real”.
En dicho certificado médico el doctor Hazim dice que Domínguez Hernández “padece depresión, ansiedad, insomnio, ataque de pánico e ideación suicida como consecuencia de un trastorno depresivo, que amerita reposo absoluto, tratamiento de psicofármaco y sedación óptima constante”.
No conoce a Quirinito. El último en ser escuchado por el inspector general de la PGR fue el abogado Félix Portes, quien dijo no conocer a “Quirinito”.
Explicó que vio su nombre en una publicación sobre el caso y requirió una entrevista al procurador general, Jean Alain Rodríguez, quien lo refirió al director de Inspectoría.
Sostuvo que no fue interrogado sobre el caso, sino que ofreció declaraciones para explicar que no ha sido ni fue abogado en esos procesos.
“Lo segundo es que, en caso de haber sido abogado, un abogado no ordena ni ejecuta libertades; un abogado no ordena ni ejecuta traslados y, obviamente, como no he sido abogado de ese caso, no manejo las particularidades del caso”, subrayó Portes.
Lo que se dice es que usted contrató a otros abogados para que asumieran en el caso de Quirinito, se le preguntó, y su respuesta fue:
“Es que yo he contratado y he buscado asistencia de diferentes abogados en diferentes casos, eso no es ilegal”
Portes dijo que no lo volvieron a citar pero que está dispuesto a volver a la Procuraduría General cuantas veces sea requerido, porque es un deber ciudadano.
20 interrogados. Desde que se conociera de la supuesta muerte de Quirinito, condenado a 30 años de prisión por la muerte de un ciudadano español, el Ministerio Público ha interrogado alrededor de 20 personas. Hasta el momento no hay detenidos.
Servidores suspendidos. Además del juez Núñez, han sido suspendidos por el caso, la jueza Aleyda Jiménez Acosta, los procuradores de Corte Felipe Restituyo y José Calazan Morel; Franklin Ortega, supervisor del medio libre, y el médico legista Orlando Herrera Robles.