La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), que lleva dos décadas impulsando infructuosamente los debates presidenciales, aboga porque se realice un debate antes de las elecciones del próximo mes de mayo, para que así la República Dominicana deje de ser el único de los 19 países de América Latina que tienen gobiernos democráticos que nunca ha celebrado un debate teledifundido con sus candidatos presidenciales. El Comité Electoral de ANJE tendría ya elaborado un reglamento con las reglas del debate en el cual participarían los candidatos presidenciales que aparecen mejor posicionados en las encuestas. ANJE considera que las campañas electorales deben desarrollarse en un clima armonioso y en un escenario “neutro” e “imparcial” donde se privilegie la discusión de propuestas, para lograr así un voto consciente e informado.
Por su parte, la Junta Central Electoral (JCE) ha propuesto que el debate se establezca mediante ley para que éste sea obligatorio y llevado a cabo por el propio árbitro electoral. En este sentido, según una investigación efectuada por el Comité Electoral de ANJE, se afirma que cuatro países -Brasil, Colombia, Panamá y Costa Rica- han logrado instaurar mediante ley el debate electoral entre los candidatos presidenciales, en tanto que estos debates se realizan, sin la necesidad de que una ley los obligue, en los casos de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Haití. En este sentido, el artículo 134 del proyecto de modificación de la Ley Electoral preparado por la JCE la faculta para organizar los debates al disponer que esta “promoverá la realización de debates sobre los programas y plataformas que presenten los partidos o alianzas de partidos en un proceso electoral, procurando la mayor difusión de las propuestas programáticas de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, así como de los programas de las políticas congresionales y municipales de los partidos políticos”.
Ante este “debate sobre el debate”, hay que señalar que, si bien tradicionalmente se resaltan las ventajas de un debate presidencial, conforme los expertos Fernando J. Ruiz y Hernan Alberro, “existe bastante consenso de que los debates no suelen provocar cambios drásticos en las decisiones electorales de los votantes. En concordancia con el resultado de las investigaciones académicas, los votantes tienden a ratificar sus opciones previas. Por supuesto, aquellos que no tienen una opción previa son potencialmente más influidos, mientras que los militantes, o ya decididos, difícilmente cambian su voto a partir de un debate electoral”. En todo caso, lo ideal, de implantarse esta institución, es que sea la propia ley que establezca su obligatoriedad, como ha propuesto la JCE, aunque ello nada garantiza, como evidencia el último debate en México, el cual, organizado por el Instituto Federal Electoral, se caracterizó, según Gerardo Cárdenas, por una serie de errores, tales como “la falta de negociación con las televisoras en materia de transmisión, la pobreza visual del escenario, la pésima moderación, la ridiculez de la edecán, y la falta de uniformidad en las reglas para candidatos”.
Pero la organización del debate por organizaciones de la sociedad civil tampoco asegura la idoneidad del mismo. Recuerdo las elecciones congresuales y municipales de 2006. ANJE celebró el primero de una serie de “debates” entre los candidatos a senador y a síndico del Distrito Nacional y de Santiago. Hubo mucho debate acerca de este debate por la insólita exclusión de los candidatos del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD). Los directivos de ANJE, al parecer por fuerte presión oficial, se negaron a enmendar una reglas de debate que solo permiten la participación de partidos que hayan obtenido el 5% de la votación en las últimas elecciones. Es lógico que aquella exclusión conculcaba el derecho a la igualdad de trato de los partidos al tiempo que reveló mucho de la naturaleza excluyente del sistema político dominicano. En esa ocasión, ANJE se hizo cómplice de lo que Noam Chomsky ha llamado la “manufactura del consentimiento”, es decir, la estrategia de “uniformar la opinión pública” por parte de las “minorías inteligentes” mediante la manipulación de los medios de comunicación y la propaganda sistemática, contribuyendo así a desvirtuar el consentimiento de los gobernados y convertirlo en lo que Chomsky llama el “consentimiento sin consentimiento”. En aquel entonces, se comportó ANJE en el plano político desdiciendo de los principios por los que, en el ámbito económico, lucha: el castigo de la competencia desleal y del abuso de posición dominante. Si las elecciones son un mercado, lo menos que puede exigirse es que el comportamiento de los actores se ajuste a la libertad de mercado que debe reinar en todo mercado verdaderamente libre. En esto a los estadounidenses hay que reconocerles su coherencia, pues nunca negaron a Ross Perot el derecho a debatir frente a los oligopólicos partidos republicano y demócrata.
En ausencia de una ley que obligue al debate, Danilo Medina no debe debatir. Y es que, en una cultura política que no propicia el debate de ideas como la nuestra –fíjense si no cómo la prensa ignoró el más importante discurso político pronunciado por un presidente/candidato en los últimos tiempos y en donde Medina anuncia toda una revolución política y social con propuestas concretas y específicas y realizaciones en curso- y con un panorama electoral donde él ostenta una cómoda mayoría frente a su más cercano contrincante, no hace ningún sentido para un candidato puntero ir a un debate, como no lo hacía para Donald Trump asistir al séptimo debate de los precandidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos y exponerse al ataque combinado de todos sus adversarios, lo cual no fue óbice a que fuese el ganador en los medios sociales del mismo, pese a su inasistencia. It’s the politics, stupid!