El estilo personal cercano y su dinámica atención directa a reclamos importantes de la sociedad, como conferir mayor importancia al sector educativo, y su interés a través de las visitas sorpresa por la suerte de comunidades dispersas, le han conservado una aceptación pública excelente al presidente Danilo Medina. No obstante, el país espera impaciente que el jefe del Estado preste atención a inequidades persistentes como la que se da con desigualdades en el trato salarial en el sector público y en niveles mayores de la administración central y en entidades descentralizadas; situaciones que no se compadecen con la pobreza y subdesarrollo que afectan a importantes sectores ciudadanos, con cerca de un 40% de gente que no recibe ingresos suficientes para vivir con decencia, mientras altos funcionarios perciben sueldos millonarios.

De otro lado perdura contra viento y marea, y en resonante impopularidad, el uso de recursos del Estado por congresistas en gastos de caridad y asistencialismo para la captación de adeptos y apoyo social a costa de los contribuyentes. Las desnaturalizadoras funciones de los llamados barrilitos y cofrecitos no logran justificación alguna por el hecho de permanecer en el tiempo y no es cierto que la separación de funciones obligue al Poder Ejecutivo a permanecer callado ante ese privilegio irritante y dispendioso que debería recibir al menos su desautorización pública. Es su deber.

LO QUE SIEMPRE SE HA HECHO

El alto respaldo público al presidente Danilo Medina pasa a convertirse en motivo para promover su permanencia en el cargo, gestión que asumen en primer término algunos que deben a él su participación clave en el Poder. Se trata pues de un objetivo con signos de interés particular contra el hecho cierto de que la supresión de la reelección fue forjada con firmeza como regla constitucional a partir de las negativas consecuencias históricas del continuismo.

Se apela al espectro de la reelección a riesgo de que a corto plazo la atención hacia obligaciones insoslayables de la administración pública sea disminuida por campañas (con probable uso de recursos del Estado) para convencer a la gente de que las solución a los males nacionales depende más de las individualidades que de la fortaleza de las instituciones y que para ello se debe cambiar con gravosa precipitación lo que debe ser duradero: la Constitución.