La misión del FMI que visitó el país declaró en comunicado de prensa que la situación macroeconómica continúa positiva en el 2011 y el “desempeño del programa sigue siendo ampliamente satisfactorio”, pero no se cumplieron ciertos criterios de ejecución por el tema eléctrico y  que los incrementos en los precios del petróleo y la caída de las recaudaciones obligan a un paquete de medidas tributarias para mantener las metas del programa.

La carta de intención de octubre del 2009 establecía que el programa económico contemplaba una primera etapa de incremento del gasto y del déficit público, financiado mayoritariamente por recursos externos, con la finalidad de estimular el crecimiento económico, pero a partir del segundo semestre del 2010 sería de ajuste fiscal con la finalidad de lograr  la disminución gradual de la relación entre la deuda del sector público y el PIB.

Las autoridades han cumplido con todas las metas monetarias del programa y en cuanto a las fiscales, salvo la dispensa al déficit del gobierno central en diciembre del 2010 por el aumento del subsidio eléctrico, fueron cumplidas las metas en las revisiones de marzo, julio, septiembre, y las de diciembre del 2010 y marzo del 2011 también se cumplieron con ligeras desviaciones motivadas por el incremento del subsidio eléctrico por encima de lo programado.

Este gobierno ha cumplido, reduciendo el déficit del gobierno central  desde el 3.5% del PIB en el 2009 hasta 2.4% del PIB en el 2010 y en este año transita hacia un déficit del gobierno central de apenas 1.6% del PIB y uno  consolidado del sector público equivalente al 3% del PIB.

Este segundo acuerdo con el FMI establece el compromiso de elevar las recaudaciones, sin reforma tributaria, con la finalidad de cumplir con las metas fiscales y al respecto se señaló la necesidad de eliminar las exenciones que no cumplan con su cometido, también se planteó la aplicación de la indexación en el impuesto fijo de los combustibles y el establecimiento de una tarifa eléctrica flexible.

Parece que las autoridades del área fiscal no lograron identificar a tiempo las exenciones a ser eliminadas, se retrasó el tema de la indexación y tampoco se pudo implementar la tarifa flexible, provocándose un agujero fiscal resultado del incremento del subsidio eléctrico y la caída de las recaudaciones por debajo de lo presupuestado.

Frente a esa situación el gobierno llegó a un punto en el cual, asumiendo el costo político, se localizaban recursos adicionales mediante algún proyecto impositivo o de lo contrario se interrumpía el acuerdo con el FMI, provocándose un ajuste más grave por el cierre de las ventanillas de financiamiento externo.

Con tan pocos grados de libertad las autoridades acudieron a un paquete fiscal progresivo, que no afecta a los sectores de bajos ingresos y cuyo ingrediente más delicado, el 1% a los activos del sector financiero, las autoridades consensuaron  con el sector para ser aplicado a ciertos activos y por un periodo de dos años.

La preservación de la estabilidad justifica cualquier ajuste y solo resta que nuestros legisladores lo aprueben para facilitar que el Directorio del FMI apruebe la quinta y sexta revisión del programa y entren recursos fundamentales para ejecutar el presupuesto y garantizar una balanza de pagos manejable en medio de este choque externo.