La directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Laura Hernández, aclaró ayer que esa institución no tiene intención alguna de «eternizar»  el proceso contra los acusados de agredir al abogado Jordi Veras, como precisará el jurista Negro Veras.

Hernández señaló que desde octubre del año pasado la Defensoría Pública fue desapoderada del caso cuando el imputado, Adriano Román, contrató los servicios de la abogada Griselda Cordero.

«Es en la audiencia del 24 de febrero del presente año cuando el imputado señala al Tribunal que ha desapoderado a la abogada privada y ha apoderado a nuevos abogados privados. Estos pidieron un plazo al tribunal para conocer el expediente y procurar la tutela de derecho a la defensa de su defendido. El Primer Tribunal Colegiado de Santiago lo rechaza, como también un recurso de oposición, hacen otros pedimentos y al serles rechazados se retiran del estrado, provocándose una declaratoria de abandono por el Tribunal, ordenando al mediodía remitir el expediente a la Defensa Pública para que designara un defensor público y conocer el proceso a las 2:30 de la tarde», indicó Hernández.

Explicó que la coordinadora de la Defensa Pública en Santiago, Ramona Curiel, informó que los casos que ingresen a la Defensa Pública por esa vía, deben someterse a una evaluación socioeconómica para determinar la solvencia económica del solicitante.