La 73ª Asamblea General de la ONU, que srecién celebrada, ha evidenciado situaciones que hacen necesario resaltar importancia de defensores del pueblo.
En medio de un clima de desconfianza e irrespeto evidenciados entre gobernados y gobernantes, el secretario general de la ONU alertó sobre situaciones dramáticas del mundo de hoy al dibujar imágenes sombrías en su discurso de apertura.
Citó amenazas ambientales, falta de confianza en instituciones, desarticulación mundial expresadas en guerras bélicas y económicas. Veámoslo con sus propias palabras:“Nuestro mundo se encuentra en una situación difícil. Muchos están sufriendo y sienten rabia, mientras ven cómo aumentan la inseguridad y la desigualdad, se propagan los conflictos y cambia el clima…el sentimiento de pertenencia a una comunidad mundial podría estar desintegrándose…Las sociedades están fragmentadas…el discurso político está polarizado…La confianza en…cada país…se ve socavada…La tecnologia….la innovación…puede traer consecuencias imprevistas. Los gobiernos…no están preparados para esta nueva situación”.
Este panorama requiere comedimiento y prudencia, incompatibles con imprudencias como acaba de incurrir el gobierno dominicano al aprobar el presupuesto/2019 expandiendo gastos(13%) y financiándose con endeudamientos (27%).
Para prepararnos y defendernos de este estado de cosas, los gobiernos deben someterse al imperio de sus leyes y compromisos internacionales suscritos. En nuestra nación: someternos a nuestra Constitución, a la ley1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y cumplir compromisos asumidos dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que adoptamos como parte de las NNUU.
El primer objetivo de la END (1.1) postula una “Administración Pública eficiente, transparente y orientada a resultados”; entiéndase económicos, sociales, ambientales, institucionales, etc. Sometiéndose a este, “todos los demás vendrán por añadidura” (Mt. 6:33). El objetivo 16 de los ODS compromete a “crear instituciones eficaces, responsables…” lo cual obliga a procurar compromisos políticos. Esto llevó al PNUD a proponer guías de orientación para organizaciones políticas.
Nuestra Constitución reconoce este compromiso político. Su art.75.12 establece el deber ciudadano de “Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia” obligación a canalizar por partidos institucionalizados en el Art 216 mandándole “Garantizar la participacio´n de ciudadanos…respetando el pluralismo poli´tico…y Servir al intere´s nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad…”.
Dentro de los “derechos civiles y políticos” consagrados en el Art 39.3 de la Constitución se obliga al Estado “promover las condiciones juri´dicas y administrativas”para que los derechos fundamentales se cumplan.
Estas previsiones deben vincular a todos los poderes públicos (art. 67.5 Constitución), especialmente a órganos constitucionales, desde el Presidente de la República a los partidos políticos, pasando por el Defensor del Pueblo que, de cumplir plenamente con sus atribuciones constitucionales, se casaría con la gloria.