La Directora Nacional de Defensa Pública, doctora Laura Hernández Román, “lamentó profundamente” ayer que la jueza interina de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de Montecristi haya afirmado que no violentó el proceso de ley ni los derechos del señor Barba Pie, quien fue sometido a la acción de la justicia por el supuesto robo de siete libras de yuca, “ya que existe un hecho, existe una violación a la ley vigente, lo que compone la cintilla en nuestra norma procesal penal”.
Hernández Román señaló que la magistrada Javierca Antonia Gómez sí violentó el debido proceso de ley cuando sometió a Pie y ahora vuelve a violar los derechos del imputado porque está dando como un hecho cierto y probado la culpabilidad del señor Pie a pesar de que el proceso se encuentra en una etapa preparatoria. Con esto, afirmó, se está violentando la tutela judicial efectiva de la presunción de inocencia, la cual es una garantía constitucional que tiene el ciudadano.
Reiteró “la existencia de violación de derecho constitucional del ciudadano y al debido proceso de ley, ya que la decisión dada por la magistrada no fue apegada a la norma Constitucional” porque la Constitución establece que las medidas de coerción restrictivas de la libertad tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro.
Por otro lado, Hernández Román resaltó que “hoy en día la sociedad ha podido presenciar casos de mayor relevancia, en los cuales el interés y el supuesto daño causado a la sociedad ascienden a cuantiosas sumas”. A los imputados involucrados en estos procesos, sin embargo, le otorgaron medidas de coerción diferentes a la prisión preventiva.
“Es por esta razón que nos escandaliza el hecho de que por el supuesto robo de siete libras de yuca se le otorgue prisión preventiva a una persona. Y peor aún, que posteriormente se alegue que no existe violación al debido proceso de ley, cuando es más que evidente la falta de proporcionalidad en la aplicación de esta medida”, resaltó Hernández Román.