Definamos una política minera

Definamos una política minera

¿Cuántas comunidades, ricas en el subsuelo pero pobres en la superficie, erigirán a partir de ahora sus propios santuarios ecológicos intocables? Ya se habla de que grupos sociales de algunas demarcaciones de vocación minera se preparan para oponerse a la extracción de sus minerales. Y más que cualquier otro factor, el hecho de que el Estado carezca de una política minera clara y precisa, puede ser el principal aliciente para esta resistencia irracional.

Cuando le tocó actuar, el Presidente Danilo Medina hizo en el caso de Loma Miranda lo más correcto y oportuno. Inevitablemente, su posición dio a grupos opuestos a la explotación de los yacimientos en ese enclave, pretextos para alentar protestas. La paradoja es que esos mismos grupos son los que reclaman obras, empleo y reducción de la pobreza, pero sin explotar los minerales que pueden aportar los recursos para satisfacer esas demandas.

Chile y Perú son dos buenos referentes de aprovechamiento de los recursos mineros y protección ambiental al mismo tiempo. Esos dos países tienen muy claro que los recursos del subsuelo solamente aportan al desarrollo de los pueblos cuando son explotados. Tenemos que salir del atraso que nos impide proteger el medio ambiente a la vez que aprovechar la riqueza que nos da la naturaleza. Elaborar una política minera es una prioridad inaplazable.

Sencillamente injustificable

Si el país tiene 56 plantas de tratamiento de agua y solo 14 están operando, eso significa que estamos liberando aguas contaminadas por todas partes y que solo un descuido injustificable puede explicar tal situación. Por graves que sean los desperfectos de las plantas dañadas, la reparación no puede resultar tan costosa como para que el Gobierno no pueda costearla.

Aunque INAPA dice necesitar más recursos para poder hacerle frente a sus gastos, no parece tener justificación para que la mayoría de las plantas de tratamiento de aguas residuales del estén dañadas. Es necesario que el Gobierno le haga frente a la situación y que trabaje para lograr mayores recaudaciones por concepto del agua que suministra INAPA a comunidades del interior. Y por lo pronto, que suministre los recursos necesarios para poner a funcionar todas las plantas de tratamiento de aguas residuales.

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