Un hombre cuya identidad todavía se desconoce es el tercer supuesto delincuente, en menos de un mes, que muere a manos que una turba, luego de que, supuestamente, cometieron un delito. El desconocido, que resultó herido luego de haber asaltado un vehículo perteneciente al sindicato de autobuses de Tamayo, en la provincia de Barahona, fue sacado a la fuerza de la emergencia del hospital Julia Santana de ese municipio, y asesinado a tiros, palos y pedradas en la parte frontal del centro asistencial. Al igual que en ocasiones anteriores, no hay nadie detenido como consecuencia de ese acto criminal, porque de eso es que se trata, como si las autoridades a las que se supone responsables de perseguir ese crimen lo aprobaran tácitamente al cruzarse de brazos y mirar para otro lado, sin duda la mejor manera de garantizar que vuelva a repetirse. ¿Es ese el propósito? ¿Piensan las autoridades –Ministerio Público y Policía Nacional– que por tratarse de “delincuentes” no vale la pena investigar ni sancionar a nadie porque al fin y al cabo es un indeseable menos en las calles? Esperemos que no, pues mientras exista la presunción de inocencia, y sea obligación de las autoridades garantizar a los ciudadanos que delinquen el llamado debido proceso, hay que considerar esas muertes a manos de turbas como actos de barbarie inaceptables, y a quienes las provocaron como asesinos que deben responder por su crimen ante el sistema de justicia que quisieron suplantar con violencia desenfrenada. Ojalá haya tiempo todavía de apresar y someter a la justicia a quienes, constituídos en turba, sacaron a ese hombre del hospital para asesinarlo a mansalva delante de todo el mundo, una acción fuera de toda proporción, pues el autor del supuesto atraco al que castigaron de manera tan brutal y despiadada está muerto mientras sus presuntas víctimas se recuperan de forma satisfactoria en centros de salud de Barahona.