Desde que el presidente Barack Obama logró que se aprobase en 2010 su propuesta de Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, que inmediatamente fue bautizada como Obamacare, los republicanos emprendieron una feroz campaña contra la misma. Al lograr la mayoría en la Cámara de Representantes en 2011 y después la del Senado en 2014 intentaron al menos 60 veces derogarla o modificarla. En la pasada campaña electoral Trump hizo de ese objetivo un estandarte clave, llegando a afirmar que había que “derogar y reemplazar el desastre conocido como Obamacare. Está destruyendo a nuestro país, destruyendo nuestros negocios (…) es un programa de salud malo al precio más alto”. Al posicionarse del Ejecutivo desde enero de este año él y los legisladores creyeron llegado el momento del ajuste de cuentas y elaboraron un nuevo proyecto, que algunos llaman “Trumpcare”, para, a pesar de dominar todas las instancias, fracasar una vez más y en esta ocasión de manera estruendosa. La derrota la infringieron los propios republicanos. Un grupo poderoso extremista conocido como Freedom House se negó a votar a favor del nuevo proyecto porque consideraba que era muy complaciente con el Obamacare y mantenía muchos aspectos de ese programa. Otro grupo de republicanos más “liberales” se opusieron porque entendían que eliminaba cosas cruciales que dejaría sin seguro a millones de estadounidenses y previeron una posible debacle electoral. Así el Trumpcare recibió palos porque no y palos porque sí.
Para entender el dilema hay que comprender el sistema de salud norteamericano. Estados Unidos es el único país desarrollado que no brinda acceso universal al sistema de salud, su modelo se basa en la sanidad privada por lo que la atención médica depende de la posesión de un seguro privado y de éste se dispone por una de tres formas: por un empleo – empresas con más de 50 trabajadores de tiempo completo deben costear parte de la póliza -, comprarlo individualmente y para mayores de 65 años y personas sin recursos mediante dos programas públicos, esencialmente hoy el Obamacare y el Medicaid. Varios estudios demuestran que 22 millones de estadounidenses se benefician del Obamacare y otros más por la expansión del Medicaid. Un estudio de la oficina técnica del propio Congreso, apartidaria, mostró que si se hubiese aprobado el nuevo proyecto en 2018 unos 14 millones perderían el seguro, llegarían a 21 en el 2020 y 24 millones en 2026 y la cifra seguiría aumentando. Hay quienes estarían de acuerdo con derogar el Obamacare pero solo si se sustituye con otro que garantice la cobertura. Al anunciar el fracaso el presidente de la Cámara advirtió que había que “seguir viviendo con el Obamacare en el futuro cercano”.
Después de este primer fiasco legislativo el presidente Trump tiene otras prioridades pero difícilmente renuncie a lograr derogar el Obamacare. La prensa ha sido implacable calificando la derrota como “humillante”, “vergonzosa” y otras linduras que tienen que haber herido el ego enorme del presidente. Con seguridad volverá a la carga.