Un alto porcentaje de asaltos, asesinatos y demás actos delincuenciales se ejecutan a diario usando motocicletas por las ventajas estratégicas que representan al momento de la huida o escape del escenario del crimen.

Por eso hay que apoyar a la policía en su operativo de verificación de identidad y registro a los individuos que, por su perfil, puedan parecer sospechosos, sin excluir a muchos de sus miembros que andan de civil.

Lo mismo debe pasar con marinos y miembros del ejército a quienes solo se les pregunta si son militares y si la respuesta es positiva, se les da luz verde sin importar la facha, si andan con casco protector, placa o la documentación de la moto.

Un hecho revelador de esta situación se originó cuando el policía sicario que participó en el intento de asesinato del abogado Yordi Veras en Santiago, fue sorprendido por una patrulla en vía contraria después del hecho y por su condición de policía fue dejado seguir libremente.

Proliferan los rateros baratos que hasta por un celular le dan un tiro a cualquiera y otros que, como los asaltantes de la comunicadora Socorro Castellanos, usan métodos más sutiles y profesionales que denotan siempre una entrenamiento militar.

Es tanta la participación de militares y exmilitares en este tipo de fechorías que se hace necesaria una logística diferente frente a estos al momento de detenerlos, pues su condición no los descarta como posibles delincuentes, sino todo lo contrario.

Y que me excusen los grupos de Derechos Humanos quienes lucen, en ocasiones, más empeñados en defender los derechos de los delincuentes que a los ciudadanos indefensos víctimas de ellos.