Una demanda federal presentada ayer en Estados Unidos sostiene que la práctica creciente del gobierno de registrar laptops y teléfonos en la frontera es anticonstitucional porque los dispositivos electrónicos contienen información privada y de negocios.
El gobierno dice que los cacheos son cruciales para la defensa del país.
La Cuarta enmienda constitucional prohíbe los cateos y confiscaciones no razonables y exige a la policía que las realice con orden judicial basada en causa probable.
Sin embargo, las cortes han determinado excepciones para los aeropuertos y puntos de ingreso a Estados Unidos. Han resuelto que el gobierno puede realizar cateos sin orden judicial para aplicar las leyes de inmigración y aduanas y proteger la seguridad interior.
En el mundo digital de hoy, estas búsquedas no se deben realizar sin orden judicial, sostienen la Fundación Frontera Electrónica y la Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU).