El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) denunció ante los bancos europeos que financian las plantas de carbón de Punta Catalina, que el gobierno  pretende tomar 600 millones de dólares de los fondos de pensión de los trabajadores dominicanos para cubrir la ausencia del financiamiento del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES) no desembolsado por estar este banco y este préstamo bajo investigación de la justicia brasileña.

En carta que dirigiera a la Société Générale el pasado 18 de mayo, suscrita también por las entidades internacionales BankTrack, Amigos de la Tierra y Urgewald, comunicó a este y a los demás bancos europeos que el gobierno dominicano ha estado supliendo la falta del financiamiento de BNDES con el ahorro de los precios del petróleo que ha sido invertido en el proyecto de Punta Catalina, en vez de aplicarlo a la rebaja de la tarifa eléctrica.

“Ahora que el curso de los acontecimientos en Brasil alejan indefinidamente el desembolso del financiamiento de 656 millones de dólares del BNDES para la construcción de estas plantas, el gobierno está recurriendo a sacar estos recursos de los fondos de pensión de los trabajadores con la finalidad de solicitarles a los bancos europeos la entrega de 432.5 millones de dólares pendientes de un financiamiento total por 632.5 millones de dólares acordado para Punta Catalina”, señaló.

Dijo que la Société Générale, el Deutsche Bank, el Banco de Santander S.A.,  ING Bank, Milán Banch, Branch of ING-DiBa AG y Unicredito S.p.A condicionaron, en diciembre pasado, en el contrato waiver mediante el cual estos bancos adelantaron 200 millones de dólares al gobierno dominicano, proseguir el financiamiento del proyecto de Punta Catalina a que el país recibiera el desembolso del financiamiento comprometido por el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES).

El Comité consideró que la utilización de los fondos de pensión para financiar la construcción de plantas de carbón es inaceptable aquí y en cualquier parte del mundo por el alto grado de emisión de dióxido de carbono y de contaminación que producen estas plantas, incrementando el cambio climático y afectando la salud y el medio ambiente.

Explicó que el destino de estos fondos de pensión es violatorio de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo No. 1-12, que en su artículo 27, en el 4to. Eje, ordena “fomentar la descarbonización de la economía nacional a través del uso de fuentes renovables de energía, el desarrollo del mercado de biocombustibles, el ahorro y eficiencia energética y un transporte eficiente y limpio”.

Indicó que no sería ético que los fondos de pensión se empleen para reemplazar un financiamiento cuyo desembolso no ha sido posible por estar su otorgamiento bajo sospecha de tráfico de influencia y por estar involucrada en el mismo la empresa Odebrecht que ha sido encontrada culpable en Brasil de graves actos de corrupción y su presidente condenado a 19 años y cuatro meses de prisión.

Manifestó que además la inversión en Punta Catalina es de alto riesgo por los elementos de corrupción que se han denunciado tanto en las irregularidades cometidas en la licitación del contrato que favoreció a Odebrecht, como en la sobrevaluación de los costos de la construcción de estas plantas que ronda en mil millones de dólares.

Afirmó que el gobierno ha urdido una vía indirecta para realizar la inversión de estos 600 millones de dólares de los fondos de pensión en Punta Catalina, a través de dos agencias privadas de bonos, intentando evadir el rechazo y la indignación que  provocará esta acción en los trabajadores que son los legítimos dueños de estos recursos, y a la vez evitar someter esta decisión al examen de un índice de calificación de riesgos de inversión.

“También con este mecanismo pretende ocultar el origen de estos recursos ante los bancos europeos que no pueden aceptar ni justificar ante la opinión pública de sus respectivos países que fondos de pensión constituyan la contrapartida de su inversión en un proyecto de carbón mineral acusado de irregularidades y corrupción tanto en Brasil como en República Dominicana”, planteó.

El Comité explicó que la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión de los fondos de pensión de la Seguridad Social, mediante las resoluciones números 110 y 112, del pasado 9 de mayo, decidió concederles respectivamente, cien millones de dólares al Programa de Emisiones de Bonos Corporativos de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, SA, EGE HAINA, y quinientos millones de dólares al Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía, para ser invertidos en el sector eléctrico.

“Esta intermediación a través de agencias de bonos propiedad cada una de ellas de las acaudaladas familias Vicini y Risek, aumentará aún más el costo de este financiamiento con altos intereses que finalmente serán pagados por los contribuyentes a través del presupuesto nacional”, aseguró.

Especificó que este mecanismo incrementará aún más la elevada deuda pública interna del país, lo que restará recursos del Estado para cubrir necesidades básicas y urgentes de la población.

“La construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina que originalmente se concibió y se licitó como un proyecto bajo la modalidad de llave en mano, en el cual la empresa contratada se responsabiliza de su financiamiento, sin ninguna intervención de fondos públicos, ha estado financiada con el ahorro gubernamental de los precios del petróleo y ahora se pretende que sea con los fondos de pensión de los trabajadores”, aclaró.