Los tributos que son cobrados en la Jurisdicción Inmobiliaria deben ser transparentados, ya que se estiman que desde el 2007 a la fecha se han recaudado por ese concepto más de RD$1,500 millones, que no se invierten en el funcionamiento y el mejoramiento de los servicios que se ofrecen.

Así lo afirmó la Asociación Dominicana de Agrimensores (Asodagrim), entidad que indica que esos recursos que son pagados por los servicios que presta la Jurisdicción Inmobiliaria deben ser manejados por el Poder Ejecutivo, el cual debe gerenciar todos los procesos para permitir la titulación de tierra, debido al fracaso de la Jurisdicción Inmobiliaria.

Miguel Valoy, presidente de Asodagrim; Oqueilis Montero, vicepresidente, y Rafael García, vocal, abogan porque se modifique la Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario, para que las direcciones de Mensura Catastral y Registro estén en manos del Poder Ejecutivo, pues la Suprema Corte de Justicia ha estado manejando esas entidades con resoluciones y sentencias, perjudicando todo el sistema.

Al participar en el Encuentro Económico de Hoy, explicaron que la ley establece que el cobro de las tasas se efectúa con el objetivo de crear mecanismos que permitan garantizar la sostenibilidad de los programas y planes de mejoramiento llevados a cabo durante el proceso de modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria. Sin embargo, aseguran, no ha sido así.

Valoy destacó que el uso que se le da a los recursos que recibe el Poder Judicial no está siendo transparentado, ya que se desconoce en qué se está invirtiendo ese dinero.

Dijo que entiende que estos recursos no se usan para el sostenimiento de la Jurisdicción Inmobiliaria, porque la Dirección de Mensura Catastral no tiene camionetas en el departamento de inspección, le faltan más de 20 empleados en la sede central para poder descongestionar un poco los expedientes y así mismo la plataforma virtual que le permite agilizar los trabajos está funcionando a media capacidad.

Resaltó, además, que hay un deterioro de las oficinas de la Jurisdicción Inmobiliaria en Higüey y Santiago. “Si por ejemplo vas a la Jurisdicción Inmobiliaria de Santiago, ves que se está cayendo a pedazos, lo mismo en Higüey”, dijo.

“Nosotros necesitamos que se diga dónde se están invirtiendo los recursos que se están recaudando por el pago de los servicios que a esta fecha ya supera los más de 1,500 millones pesos desde el 2007, según el cálculo que hacemos según la solicitud de servicios que se piden por año”, expresó.

Dijo que con estos recursos la Jurisdicción Inmobiliaria no necesitaría disponer de dinero del Estado para atender sus finanzas, dejando de ser un peso.

Indicó que la Jurisdicción Inmobiliaria solo avanzó y se vieron las inversiones con el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$70 millones en 2007 para tecnificar los procesos catastrales.

Valoy dijo que según establecen las leyes dominicanas todos los tributos recaudados deben ir a las arcas públicas. Sin embargo, se quejó, esas tasas por servicio van a una cuenta que se llama Jurisdicción Inmobiliaria y no van al fisco.

Según la página web de la Jurisdicción Inmobiliaria, el Pago de Tasas por Servicios se utilizará para el proceso de modernización de esa entidad.

Indica que se ofrecen 16 tipos de servicios con un costo que van desde RD$100 hasta los RD$6,500.

El más costoso es el de Expedición de Duplicado por Pérdida del Anterior y el más económico es Impresión documentos Sala de Consulta. No participan en licitaciones. Asodagrim denunció que los profesionales capacitados que han hecho inversiones en equipos de agrimensura costosos están siendo desplazados por profesionales extranjeros en obras de infraestructuras públicas.

Así mismo, revelaron que no se están haciendo licitaciones para los estudios topográficos de proyectos, ni en el manejo de la información geográfica de los mismos.

Dijeron que no están participando no porque no tengan la capacitación sino porque no les están dando participación, ni se hacen licitaciones.