El movimiento Participación Ciudadana (PC) y el Centro Juan XXIII depositaron ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) un escrito “amicus curiae” (amigo de la corte) con el que solicitan rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el exministro de Obras Pública, Víctor Díaz Rúa, contra el párrafo III del artículo 85 del Código Procesal Penal, que faculta a los ciudadanos a querellarse contra los funcionarios por actos de corrupción.

En el documento de 24 páginas, las entidades precisan que el recurso de Díaz Rúa se sustenta en la “existencia de una infracción constitucional entre el párrafo III del art. 85 del Código Procesal Penal y el art. 22 de la Constitución, dando al primero calidad de querellante a la ciudadanía para accionar contra actos de corrupción de los funcionarios públicos por el ejercicio de sus funciones”.

Afirman que esa calidad es reconocida por la Constitución, al estatuir que la ciudadanía tiene el deber de denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo. Advierten que acoger la petición del exfuncionario sería mutilar un derecho legítimo de los ciudadanos y apoyar la impunidad.