Al organizarnos en la sociedad política que es el Estado renunciamos a parte de nuestra autonomía individual a cambio de ciertas garantías.

En el caso de República Dominicana, la Constitución, documento donde consta este convenio o contrato, señala que “es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”.

Esta misión es primordial, máxime en un Estado Social Democrático y de Derecho como se proclama República Dominicana.

No obstante, históricamente el Estado dominicano ha sido incapaz de garantizar a la población por lo menos los derechos fundamentales.

Aunque en este tema hay cuotas colectivas, tal irresponsabilidad recae, sobretodo, en quienes han manejado la cosa pública y han gobernado, en tanto las políticas públicas han sido inexistentes o insuficientes para que los dominicanos tengan garantizados una vida digna.

Un claro indicador lo constituye la pobreza que afecta casi a la mitad de la población dominicana, una muestra de derechos no garantizados, no obstante el crecimiento económico que viene experimentando el país.

Muy por el contrario, lejos de garantías, en nuestro país existen más bien violaciones sistemáticas de importantes derechos, tan rutinarias ya que la población y la opinión pública han perdido su capacidad de asombro ante ellas.

Un informe publicado este mes por el Centro Bonó acerca de los derechos en el país advierte de un retroceso en esta materia. Señala que la mayor parte de las violaciones se refleja en las muertes de ciudadanos a manos de policías en supuestos intercambios de disparos, criminalización de protestas, apresamientos irregulares, agresiones y otros maltratos.

Otros temas que abarca son las violaciones basadas en género; derechos de los niños, niñas y adolescentes a la educación, salud y vivir libre de explotación sexual y comercial.

Ante este panorama es vital que la ciudadanía no cese en la exigencia de que se cumplan estos derechos con la misma celeridad con que los gobiernos recaudan y cobran impuestos a los sectores medios y pobres del país.

Hoy el reto es no conformarse con discursos y textos constitucionales, sino exigir que en materia de derechos humanos se pase por fin de la teoría a la acción. Solo así el pueblo dominicano vivirá con la dignidad que merece.