El Ministerio de Salud Pública ha dado respuesta oportuna a la desbordante demanda de servicios hospitalarios generada por la chikungunya, una patología muy agresiva y de rápida propagación. Los hospitales públicos están bien abastecidos de los medicamentos necesarios para tratar la enfermedad, el personal labora intensamente para diagnosticar y atender los casos y, además, fuimos el primer país del Caribe en diseñar un protocolo de atención para este mal.

Pero la chikungunya es nueva entre nosotros y ese hecho debería disparar las alarmas de prevención ante eventuales nuevos desafíos sanitarios. El Ministerio de Salud Pública advirtió de la presencia de la enfermedad en el Caribe y antes de que llegara al país. Con ese mismo criterio sería bueno que gestione la logística necesaria para estar preparados ante los riesgos de incidencia de otras enfermedades, virales y no virales.

Nuestra inquietud está alineada con la preocupación de la OMS porque el dengue, que es endémico entre nosotros, ha expandido su radio de contagio, la polio ha resurgido en algunos países y el cólera, que se originó en Haití a raíz del terremoto de 2010, continúa siendo una amenaza sanitaria. Aspiramos a que para estos posibles retos actuemos con tanto tino como lo hemos estado haciendo ante la novedosa y agresiva chikungunya.

Moralizando a un gran evasor

Aunque no hay cifras a la mano, es seguro que el Estado, como contribuyente que es, tiene responsabilidad en una alta proporción del déficit fiscal, en perjuicio de su propia capacidad financiera. En nuestro país las entidades públicas se caracterizan por ser grandes evasoras de sus compromisos con el fisco. De ahí que tiene mucho asidero la disposición de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que obliga a las entidades estatales a cumplir todas sus responsabilidades como contribuyente, incluyendo el pago del ITBIS correspondiente a sus compras de bienes y servicios.

Toda evasión tributaria causa daño económico, político y moral, por lo que resulta un contrasentido que el Estado, que obliga a los demás a respetar las normas, sea a su vez un gran evasor de las obligaciones fiscales. La regla número uno de la moralización es asumir una moral propia inobjetable.