San Juan de la Maguana
En los últimos cinco años miles de tareas con vocación agrícola han sido utilizadas para la construcción de importantes proyectos habitacionales, empresas y un centro de salud.

Para poner un solo ejemplo del auge en la construcción en tres proyectos se levantan 936 apartamentos: en el residencial Rosagal 88, en el Sarah de los Ángeles, 240 y en la Torre Caonabo, 608, este último consta de 19 edificios de ocho niveles con 32 apartamentos en cada uno.
Ese cambio en el uso del suelo genera preocupación en distintos sectores de este municipio, porque de no detenerse en poco tiempo una gran parte de las áreas de producción de alimentos se reducirían significativamente.
Esa práctica no se reduce a este municipio, pues en las carreteras que con Las Matas de Farfán, Vallejuelo, Juan de Herrera y Azua se habilitan terrenos agrícolas para la construcción de viviendas y empresas.

El uso de suelo en plena producción agrícola para la construcción de nuevas infraestructuras no se reduce al sector privado, pues también el Gobierno ha hecho lo mismo.
Tal es el caso del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), que maneja el Despacho de la Primera Dama, y el Politécnico San Pedro, perteneciente al Ministerio de Educación.
Ambas edificaciones, ubicadas en la carretera San Juan-Azua, ocupan decenas de tareas que hasta hace poco estaban dedicadas a la producción agrícola.
Otro caso que llama la atención es la construcción, en la carretera San Juan de la Maguana-Las Matas de Farfán, con la construcción de un hospital que se llamará Clínica Cristiana de Salud Integral, financiado por organizaciones religiosas de Estados Unidos y que dirigirá el doctor Osvaldo Canario.
Las causas del cambio. Uno de los factores que han llevado a los propietarios de fincas a venderlas es por los vaivenes que confrontan, principalmente con la comercialización de los mismos, al margen de los altos costos de inversión.
El doctor Eladio Arnaud Santana, PhD en leguminosa y presidente de la Asociación para el Desarrollo de San Juan, advierte que es de urgencia que los cabildos delimiten las áreas urbanas y rurales porque de lo contrario todas las tierras que están orillas de carreteras se convertirán en asentamientos humanos.

Plantea que el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y los cabildos deben abstenerse de de llevar sus servicios a áreas agrícola.

También pide al Congreso Nacional la aprobación del proyecto de ley de Regulación Territorial, porque aunque dice que no lo conoce, eso podría establecer algún nivel de control al uso indiscriminado de fincas y parcelas que están siendo convertidas en asentamientos humanos y en la instalación de diferentes empresas privadas.