AP. Juliana Deguis Pierre, a quien el Tribunal Constitucional (TC) ordenó anularle la ciudadanía por ser hija de inmigrantes sin residencia legal, pidió el lunes el apoyo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en representación de miles de personas que podrían perder la nacionalidad.

“Nosotros esperamos de ustedes por lo menos solidaridad”, dijo Deguis Pierre en una carta entregada por ella y representantes de varias organizaciones de derechos humanos en la embajada de Cuba en Santo Domingo y dirigida a los jefes de Estado que se reunirán a partir del martes en La Habana para celebrar la II cumbre de la Celac.

La embajada de Cuba no respondió a la solicitud de The Associated Press en busca de conocer cuál será el curso que seguirá la misiva ni emitió ningún comentario sobre la carta.

En la misiva, Deguis Pierre insiste que es “víctima de un intento de desnacionalización” a través de una acción ilegal que “sólo se basa en discriminarme por mi origen como descendiente de una familia de braceros de la amarga caña de azúcar”.

Deguis Pierre, de 29 años y madre de cuatro niños, enfrenta en los tribunales un recurso judicial del registro civil para anularle la nacionalidad dominicana luego de que el tribunal constitucional consideró el 23 de septiembre pasado, en una sentencia inapelable, que por ser hija de inmigrantes que no regularizaron su estatus legal no puede ser dominicana.

La mujer nació en 1984 en la provincia dominicana de Monte Plata y el registro civil emitió en aquel momento el acta de nacimiento como dominicana, de acuerdo con la interpretación que durante décadas se hizo de la ley.

“Estamos pasando mucho trabajo, sólo espero que Dios nos ayude”, dijo a The Associated Press Deguis Pierre, quien perdió su empleo como doméstica porque el registro civil le niega copia de sus documentos de identidad y pidió dinero prestado para viajar de su casa, 40 kilómetros al norte de la capital, a la embajada de Cuba.

El Tribunal Constitucional ordenó además revisar el registro civil desde junio de 1929 para abrir procesos judiciales a fin de anular la nacionalidad de todos los hijos de extranjeros que carecían de residencia legal.

“Juliana representa a esos cientos de miles de personas amenazadas con perder la nacionalidad”, dijo a The Associated Press el abogado Genaro Rincón, de la organización de defensa de los Derechos Vigentes y representante de Deguis Pierre.

Diversas organizaciones de derechos humanos insisten, con base en una encuesta auspiciada por Naciones Unidas, que cerca de 210.000 descendientes de inmigrantes haitianos podrían perder la nacionalidad.

Roberto Rosario, director de la Junta Central Electoral, que administra el registro civil, aseguró a finales de noviembre que sólo unos 13.000 descendientes de haitianos serán afectados.

La Junta Central Electoral tiene previsto comenzar en febrero el inventario de hijos de inmigrantes nacidas después de 1929 a fin de comenzar los juicios individuales para anular la nacionalidad de aquellos cuyos padres carecían de residencia legal.

“Nadie que en la actualidad ostente correctamente la nacionalidad dominicana será privado de ella”, aseguró la semana anterior Aníbal de Castro, embajador dominicano en Estado Unidos, en un documento difundido en la página de internet de la sede diplomática.

El embajador recordó que el gobierno tiene previsto crear una ley especial de naturalización para los miles de afectados por la desnacionalización.

“Una ley de naturalización violaría los derechos fundamentales” de los afectados, consideró el lunes el economista Edwin Ceara Hatton, miembro del grupo Comité de solidaridad con las personas desnacionalizadas

Explicó que para poder naturalizar a una persona, el gobierno tendrá primero que desnacionalizarla y “eso es ilegal, viola los derechos humanos”. Además de que las personas naturalizadas no tienen los mismos derechos que los nacionales.