De vuelta a Santo Domingo he seguido con interés, a través de los medios de comunicación internacionales, el proceso ilegal pro independencia de Cataluña, una situación delicada que los entendidos señalan como la mayor crisis de España en los últimos 40 años, es decir, luego de finalizada la dictadura franquista.
La carpa del circo de la minoría independentistas, dirigidos por el presidente del Parlamento autónomo de Cataluña, Carles Puigdemont y su comparsa, aparentemente comienza a desinflarse, luego que el Estado español, el Gobierno central, comenzara a aplicar algunas de las medidas del artículo 155 de la Constitución, basado en sanciones diversas para aquellas comunidades autónomas que se levanten en rebeldía, entre esas medidas está la pérdida de la autodeterminación, hasta que se celebren elecciones democráticas, organizadas, regidas por la leyes de España, no las anárquicas del pasado primero de octubre, en las que una misma persona pudo votar sin control varias veces. Ahora, el Gobierno ha quitado los poderes a los integrantes del Parlamento catalán, ha suspendido de su cargo a sus integrantes, amén del presidente y vicepresidente de la Generalitat. Claro, ellos en desobediencia civil insistirán en permanecer en sus puestos, pero, lo cierto es que legalmente, en estos momentos no tienen ni voz ni voto, tampoco sueldo porque el Gobierno dejará de pasarles sus jugosos cheques que en conjunto son millones de euros, amén a una serie de oficinas las que en varios países de Europa actuaban como si fueran embajadas o consulados catalanes, todos están eliminados y el Gobierno se economizará unos 25 millones de euros que invertirá en algunas situaciones en Cataluña.
De todas formas, el problema sigue vigente, hay que esperar el transcurrir de los días, observar hasta donde la desobediencia civil puede llegar y causar mayores estragos, pues dirigentes independentistas de ideologías anarquistas, anti sistema, han pedido a sus seguidores públicamente esa temible desobediencia civil, que se lancen a las calles a provocar, en la búsqueda de muertos, heridos, para tener que hablar de víctimas y presentarlas en los medios de comunicación, como lo hicieron en el referéndum ilegal, cuando dijeron que eran 800 heridos y no fueron más de 10
El Gobierno de España no le ha temblado el pulso para aplicar, aunque en pequeñas dosis, el 155.