DGII publica cinco normas generales de antilavado

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publicó ayer cinco nuevas normas generales de cumplimiento obligatorio para los sujetos obligados, designados en la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Este nuevo marco jurídico se adopta de conformidad con lo dispuesto en la legislación, que considera autoridad competente a la DGII para la supervisión de los sujetos obligados designados.
Entre las normas publicadas en los diarios impresos están la norma general No. 10-2018, que regula la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva respecto de los abogados, notarios, contadores y empresas de factoraje, que tiene por objeto establecer las disposiciones de cumplimiento obligatorio que deberán observar aquellos que entren en la categoría de Sujetos Obligados, en virtud de las disposiciones de los literales a) y e), ambos del artículo 33 de la Ley contra el Lavado de Activos.
Norma general No. 02-2018 que regula la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en las personas físicas o jurídicas que se dedican de manera habitual a la compra y venta de vehículos de motor, barcos y aviones, que tiene por objeto establecer las disposiciones de cumplimiento obligatorio que deberán observar aquellos que entran en la categoría de Sujetos Obligados, en virtud de las disposiciones del literal f) del artículo 33 de la Ley contra el Lavado de Activos.

Norma general No. 03-2018 que regula la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva respecto de los agentes inmobiliarios, empresas constructoras y fiduciarias que no ofrecen servicios a entidades financieras o de oferta pública.
Además de la norma general No. 04-2018 que regula la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva respecto de los comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas, las empresas o personas físicas que de forma habitual se dediquen a la compra y venta de armas.


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