Para Arismendi Díaz Santana, el uso de recursos del 4% del PIB destinado al sector educativo preuniversitario al fondo de pensiones de los docentes constituye una distorsión, ya que esos fondos solo deben ser destinados hacia la educación, sobre todo, de los sectores más desfavorecidos.
Asimismo, el economista indicó que llama poderosamente la atención que los ejecutivos del Fondo de Pensiones que administra el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima) señalen que “los aumentos generados no presionan o impactan en el fondo, ya que el pago de los pensionados y jubilados se realiza con cargo al 4% del PIB del Ministerio de Educación”.
Recordó que ya Acción Empresa por la Educación (Educa) hizo una crítica al respecto, puesto que la conquista del 4% debe ser destinado únicamente a la educación de la población, especialmente de las familias más pobres que no pueden pagar un colegio.
Indicó que de ese fondo público el Estado tiene la obligación de pagar el aporte al Inabima, que le corresponde en calidad de empleador, al advertir que “cualquier otra contribución regular contraviene las previsiones de la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS)”.

Díaz, quien fue el primer gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social y diseñador del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, expresó que no se pueden desviar fondos públicos especializados para la educación, para atender presiones de grupos, por más importantes que éstos sean.
“Esta es una práctica censurable que también ha sido aplicada para resolver los déficits millonarios del Semma (Seguro Médico de los Maestros), lo que lejos de estimular la eficiencia, contribuye a incentivar la corrupción, la improvisación y la ineficiencia”, dijo.
Díaz, quien además fue redactor de la Ley 87-01, aclaró que toda la vida ha defendido la dignidad del magisterio, su importancia en la formación de los recursos humanos y la necesidad de recibir salarios y pensiones según su aporte.
Pero que sin embargo, de ninguna manera “es aceptable que se establezcan prácticas que generen privilegios y que erosionen la sana administración de los fondos públicos”. Inabima informó que tiene 47,000 millones acumulados en el fondo de pensiones y para otros servicios.