Un juez español dictó ayer prisión para la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, como parte de una pesquisa por rebelión derivada del voto sobre la declaración de independencia, pero también le fijó una fianza de 150,000 euros (175,000 dólares) y que le incautaran su pasaporte.

El Parlamento de Cataluña aprobó la declaración de independencia de la región para proclamar una nueva república catalana el 27 de octubre e ignoró las advertencias del Tribunal Constitucional de que esa acción era ilegal.

La votación de independencia fue boicoteada por la mayoría de los legisladores de la oposición.

El gobierno central español inmediatamente tomó el control de la próspera región del noreste. Fue la primera vez en cuatro décadas —desde que terminó la dictadura del general Francisco Franco— que Madrid le quita los poderes de autonomía a alguna de las 17 regiones del país. Las autoridades españolas también destituyeron al presidente regional de Cataluña y a su gobierno, quienes actualmente se encuentran encarcelados por cargos preliminares de rebelión o están luchando contra la extradición de Bélgica a España. Además, el gobierno central disolvió el Parlamento y convocó a unas elecciones regionales programadas para el 21 de diciembre.

Los fiscales han interpuesto cargos de rebelión, sedición y malversación, crímenes que son castigados hasta con 30 años de cárcel bajo las leyes españolas.