La nómina de funcionarios públicos activos y pensionados de la República Dominicana al cierre de 2010 era de 577,144 personas, que representaron un gasto aproximado de RD$102,000 millones  en el año.

Esta cantidad de empleados, excluyendo a los 132,549 pensionados, equivalen al 4.5% de la población total, al 10.1%, de la  Población Económicamente Activa del país y al 11.8% del total de personas ocupadas en la economía.

El Gobierno central, que es la parte del Sector Público que mayor cantidad de personas emplea, tenía ocupados al mes de diciembre de 2010 el 53.5% del total de la Administración Pública, en tanto que el Sector Descentralizado daba empleo al 23.5% de los funcionarios gubernamentales y los pensionados representaban el 23% restante.

Las cifras anteriores indican que en República Dominicana el Estado tiene un funcionario público activo por cada 21 habitantes. Si le asignamos a cada funcionario una cantidad igual de personas para su atención, cada uno de los 444,595 empleados públicos, podría ocuparse de 21 ciudadanos.

No tengo suficientes elementos de juicio ni datos comparativos para decir si la proporción población/empleados públicos del país es excesiva, adecuada o deficiente, pero lo que sí me arriesgo a afirmar es, que los resultados en términos de suministro de servicios públicos a la ciudadanía por parte de la Administración Pública, no son eficientes (relación costo-beneficios) ni eficaces (relación gasto-resultados). Con relación al 2007, la nómina de personal activo de la Administración Pública en el 2010 se incrementó en un 18.9%, registrando un aumento absoluto de 70,612 nuevos empleados en los tres años transcurridos en el periodo indicado. De igual manera, en los últimos tres años el total de empleados pasivos en la nómina pública registra una subida de casi 50 mil personas, lo que podría estar relacionado con el traspaso al Gobierno Central de los pensionados de otras instancias como consecuencias del nuevo Sistema de Seguridad Social implementado desde el 2003.

En el 2007 los empleados activos del Gobierno central eran 373,983 y ya para diciembre de 2010 sumaban 444,595. Los pensionados ascendían a 82,941 en octubre de 2007 y para diciembre de 2010 llegaron a 135,893, lo que muestra un incremento de 49,608 personas en este renglón. 

Los mayores empleadores.  Dentro de las dependencias estatales, las que mayor cantidad de funcionarios registran son: el Ministerio de Educación, que a diciembre de 2010 tenía una total de 104,477 persona; Salud Pública que registra una nómina de 55,675 empleados; el Ministerio de las Fuerzas Armadas, con 53,970 asalariados; Interior y Policía, con 34,215; Agricultura, con 13,301; la Presidencia de la República, con 12,597, y Obras Públicas con 11,698 empleados.      

Gasto en nómina 2010-2011.  En el 2010 se estima que los gastos del Gobierno Central en empleados superarán los 75 mil millones de pesos. Hasta el mes de noviembre se registraron gastos en remuneración a empleados por 64,644.4 millones de pesos y para el 2011 el presupuesto para servicios personales de la Administración Central asciende a RD$78,181.4 millones, a los que se deben agregar gastos por iguales conceptos de los entes descentralizados y autónomos por un monto que podría rondar los 35,000 millones, los que arrojarían un total de gastos en el pago de funcionarios públicos para este año ascendente a 113.181.4 millones. Este número puede ser mayor si tomamos en cuenta que en los datos de la Contraloría se omiten algunas instituciones autónomas del Estado como la JCE y el Poder Judicial.

Doctrinariamente se establece que los gastos de personal “representan la contrapartida económica de la relación estatutaria o contractual, según los casos, que existe entre el Estado y los empleados públicos”. En nuestro país, pese a que desde el 1991 se aprobó la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, esta partida del gasto público no está clara y efectivamente reglamentada, verificándose una situación de anarquía en la definición de los puestos y cargos de los entes públicos y del pago por dichos servicios.

El recién creado Ministerio de Administración Pública, antigua Oficina Nacional Administración y Personal (ONAP) ha venido haciendo esfuerzos por definir e implementar un estatuto del servicio público, con la aprobación de leyes sobre el servicio civil y la regulación de las remuneraciones para los diferentes niveles de cargos en las diferentes instancias de la administración estatal.

Resulta de gran urgencia que mediante leyes y reglamentos especiales, se establezca y se hagan cumplir normas que regulen la contratación y las remuneraciones de los funcionarios de carrera, los altos cargos o cargos políticos, los funcionarios eventuales o interinos, los funcionarios del servicio exterior y el personal laboral de las entidades públicas. 

Zoom

50 mil adicionales

En los últimos 3 años el total de empleados pasivos en la nómina pública registra una subida de casi 50 mil personas, lo que podría estar relacionado con el traspaso al Gobierno central de los pensionados de otras instancias como consecuencia del  Sistema de Seguridad Social implementado desde el 2003. En el 2007 los empleados activos del Gobierno central eran 373,983 y ya para diciembre último eran 444,595 personas. Los pensionados ascendían a 82,941 en octubre de 2007 y para diciembre de 2010 llegaron a 135,893 (un aumento de 49,608).

La cifra

18.9 por ciento.  Fue el aumento de la nómina de personal activo de la Administración Pública en el 2010,  con relación al 2007, con un incremento  de 70,612 nuevos empleados.