Ocho organizaciones de la sociedad civil pidieron ayer que se incluya a los partidos políticos como sujetos obligados de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, para prevenir la penetración del crimen organizado en la actividad política por el riesgo que entienden, hay en esas entidades de incurrir en ese ilícito.
La solicitud fue hecha a través de una carta a Donald Guerrero Ortiz, ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y plantea la urgencia de adoptar medidas y normas que garanticen los controles “para prevenir y contener la penetración del crimen organizado en la actividad política”.
Las organizaciones firmantes de la carta son el Centro Juan XXIII, el Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo, SJ; Fundación Masada, Santiago Somos Todos, Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y Participación Ciudadana (PC).
“Solicitamos formalmente que el Comité que usted preside dicte el reglamento correspondiente, para incluir a los partidos y agrupaciones políticas como sujetos obligados”, indica el documento.
Agrega que los partidos deben estar obligados a adoptar un programa de cumplimiento de políticas y procedimientos para evaluar los riesgos de lavado de activos, implementar metodologías de gestión de riesgo, monitorear los procesos, designar oficiales de cumplimiento y cumplir con otras obligaciones que establece la ley.
“Es necesario contar con mecanismos para regular el financiamiento de los partidos políticos. En el país el lavado de activos, vía el financiamiento político, debe prevenirse con todas las herramientas legales y en todas las instancias de la sociedad”. Exponen que los procesos electorales presentan grandes riesgos y múltiples posibilidades para el financiamiento ilegítimo de las campañas, por la ausencia de mecanismos de control, debilidades institucionales, falta de marco legal, por lo que muchos candidatos se convierten en Personas Expuestas Políticamente (PEP). Consideraron necesario tener en cuenta que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) precisa a las PEP como individuos que han desempeñado aquí o en el extranjero funciones públicas importantes, como jefes de Estado o altos funcionarios. Instaron al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a cumplir sus funciones como órgano de coordinación, responsable del funcionamiento del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos en República Dominicana.