El diputado Tobías Crespo, autor de la Ley 63-17 sobre transporte, tránsito y seguridad vial, confía en que las autoridades harán los ajustes correspondientes para una correcta aplicación de esa normativa, que entró en vigencia el pasado sábado.
Según el legislador, la ley involucra a varios sectores, incluidos el Gobierno y los alcaldes, para lograr “un transporte público eficiente y masivo, con frecuencia, itinerario, vehículos en buen estado, a un precio justo y más seguro para los usuarios”.
La normativa, además, persigue que el tránsito sea “más expedito y con menos conflictos y congestionamientos”, así como salvar vidas. En cuanto a las quejas por las “excesivas y altas” multas, Crespo aclara que no se contempla acumulación de contravenciones.
“Los códigos existentes no estipulan la acumulación de penas. Si un agente te agarra con cinco violaciones, tú no vas a pagar las cinco multas. Tú vas a pagar la más alta, la que tenga mayor nivel de falta, dependiendo de la tipificación”, resaltó.
El legislador también explicó que las multas deben ser cobradas por la Procuraduría General de la República, y no por la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), como muchos creen de forma errada.
Sin embargo, Crespo reconoce que el pago de multas es un “fastidio”.
“No es Amet que cobra las multas, sino la Procuraduría General, que tiene que hacer un trabajo muy arduo. Es un periplo pagar las multas y eso no puede ser. Si la persona va a pagar su dinero y resarcir al Estado por la violación hecha, no pueden ponérsela tan difícil, porque eso provoca que la gente al final no pague la multa”, apuntó.

Asimismo, aclaró que se establecen contravenciones que van de uno a tres, cinco y siete salarios mínimos del sector público, “dependiendo de si son leves, graves o menos graves”.