La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos sesiones consecutivas y con modificaciones el proyecto de Ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que contempla la creación de una Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos como órgano oficial de la Cámara de Cuentas, que se encargará de confirmar la veracidad de los bienes declarados.

Sanciones. De acuerdo con la iniciativa aprobada, los funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito serán sancionados con penas de cuatro a diez años de prisión, multas y la inhabilitación para ocupar cargos en la administración gubernamental por un período de 10 años.

Asimismo, establece que el servidor público que no realice su declaración jurada dentro del plazo establecido u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley 41-08, de Función Pública. De igual manera, serán sancionados con prisión de uno a dos años y multa de 20 a 40 salarios mínimos del Gobierno Central los que incurren en falsedad de información y documentos.