La Cámara de Diputados fue apoderada ayer de un proyecto de ley sobre Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que busca establecer las reglas y condiciones para el logro de una prudente, responsable y transparente gestión financiera del Estado, base esencial para el desarrollo económico y sostenible de la nación.

Asimismo, crear la estructura institucional encargada de la aplicación y supervisión del régimen de responsabilidad y transparencia fiscal, así como el sistema de consecuencias que se deriva de su inobservancia, violación o inaplicación. La iniciativa legislativa sería aplicable a todas las entidades, servidores y funcionarios del Estado, en particular a aquellos vinculados directamente con la aplicación como sujeto activo o pasivo.

Límite. Indica que la deuda del sector público consolidado como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) no puede superar en ningún caso el 40%.
Fondo. El artículo 19 del proyecto contempla la creación del Fondo de Estabilidad y Sostenibilidad Fiscal (Fesf), que tiene como objetivo ser receptor de los montos y/o aportes establecidos en la presente ley, y cualquier otra fuente previamente determinada. De igual manera, estipula la puesta en operación de la Oficina Congresual de Presupuesto y Análisis Económicos (Ocpae). Será conducida por una dirección general y se relaciona por intermedio de esta con ambas cámaras mediante sus presidencias.

Sanciones. La violación a lo establecido en el proyecto de ley conllevará sanciones que van desde amonestación pública, suspensión del cargo o puesto público sin disfrute de sueldo por seis meses a dos años hasta la destitución y la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo por un período de hasta cinco años. También establece sanciones penales para todo funcionario o servidor público que sea responsable de cometer una infracción muy grave y podría ser condenado a penas de tres a diez años de prisión.
Apoyo. La iniciativa legislativa fue elaborada con la asesoría del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).