La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) recordó ayer a los farmacéuticos y a la industria de ese sector que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso de la población a medicamentos seguros y de calidad.
La doctora Karina Mena, directora de Digemaps dependencia del Ministerio de Salud Pública, organismo regulador, reaccionó sorprendida a las reacciones de la industria farmacéutica y de la Unión de Farmacias, quienes piden la intervención del presidente Danilo Medina.
Dijo que al día de hoy lo que debería haber por parte de la industria y el sector farmacéutico es una retroalimentación a un documento que fue diseñado para la discusión con todos los sectores.
Mena se refirió a la posición y preocupación de la Unión de Farmacias y de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (Arapf), cuyos representantes pidieron la intervención del presidente Danilo Medina ante el posible plan de una política farmacéutica.
“Desde el Estado lo que se hizo fue buscar asistencia técnica y por eso el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ofreció apoyo para el plan maestro de la política farmacéutica nacional. Se busca armonizar una acción nacional y por eso se buscó la opinión de todos los sectores que intervienen”, aseguró Mena.
Indicó que desde el Estado se busca garantizar medicamentos seguros y eficaces a la población y por eso se buscó asistencia técnica.
Explicó que para eso se hizo un levantamiento general de la problemática, se tomó en cuenta al sector privado, a la industria, a los importadores, los suplidores del Estado, la academia, al gremio y a todos los que interactúan en el tema.
“Ese es el gran objetivo de la política farmacéutica nacional, se hizo un gran taller para validar y ahora se busca la alternativa al problema. Existe una propuesta que es la que está llamada a socializarse”, dijo Mena, tras señalar que no entiende la reacción del sector.
Las farmacias consideran que se busca favorecer a las Administradoras de Riesgos de Salud del país.
Prohibido De su lado, la Superintendencia de Salud precisó que la ley 87-01 prohibe que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) sean propietarias de farmacias, aunque valora como positivo el diálogo participativo que ha promovido el Ministerio de Salud Pública para propiciar el acceso universal a medicamentos

El doctor Pedro Luis Castellanos, superintendente de Salud y Riesgos Laborales dijo que la Ley 87-01, en su artículo 122, prohibe explícitamente que las ARS sean propietarias, accionistas, o que tengan intereses económicos directos o indirectos, en proveedoras de servicios de salud, tal es el caso de las farmacias, clínicas y otros servicios.

Castellanos explicó que dicha ley también prohibe lo contrario; es decir, que propietarios o accionistas de proveedores de servicios de salud participen o tengan intereses en las ARS, con la única excepción temporal de aquellas entidades del ramo que durante los últimos doce meses antes de la vigencia de la Ley eran propietarias o accionistas de ese tipo de servicios, siempre que estos se mantuvieran activos y no cambiaran de propietarios.
Solo el Seguro Social o el Seguro de los Maestros y tres centros médicos tenían la prerrogativa.