Señoras y señores:

La primera vez que me dirigí a la nación con respecto al caso Odebrecht, me comprometí con la ciudadanía y afirmé que todo funcionario que se comprobara hubiera recibido sobornos o algún beneficio directo o indirecto, sería sometido a la acción de la justicia, sin importar de quien se tratara ni en qué periodo de gobierno hubiera desempeñado funciones.

Trato de ser un hombre justo. Es, además, mi obligación serlo. Comprendo el valor de un compromiso expresado en palabras. Comprendo el peso moral de una promesa pública y el significado de un juramento manifestado frente a mi país y a su gente. En definitiva, soy consciente de mis actos y de sus consecuencias futuras.

Hoy les anuncio que estamos listos. Y que cumpliendo los plazos que marca la ley, estamos depositando la acusación formal de este Ministerio Público sobre el citado caso ante la Suprema Corte de Justicia.

Preparar expedientes fuertes en casos de corrupción, basados en evidencias y no en conjeturas o rumores, no es tarea fácil. Recordemos que hablamos de negociaciones por debajo de la mesa que generalmente ocurren a puertas cerradas, muchas veces con pagos en efectivo, utilizando intermediarios, testaferros y otros mecanismos y entramados sofisticados para borrar las huellas de las acciones antijurídicas y antiéticas cometidas.

La lucha contra la corrupción también implica enfrentarse a personas que tienen los recursos y el poder para comprar conciencias y confundir a la ciudadanía. Todo con el objetivo de evadir la justicia. A muchos los escuchamos argumentar sobre expedientes débiles sin haber leído ni una sola página de ellos. En esos casos, es oportuno indagar cuáles son sus motivaciones y quiénes financian sus movimientos.

La investigación realizada a lo largo de todo un año no tiene precedentes en nuestro país: ni por su complejidad, ni por su profundidad ni por su alcance. Tampoco por el número, perfiles y cargos de los involucrados.

Durante este año, debíamos mantener el silencio y la prudencia para no facilitar a los imputados la oportunidad de sustraerse del proceso, anulándolo, sin antes someterse a un juicio justo, público y oral, como espera el país y al que aspiramos nosotros. La ley nos prohibía dar detalles de la investigación, pero mientras manteníamos la discreción y la reserva exigida por la ley, estuvimos trabajando sin descanso, día y noche.

En definitiva, combatir la corrupción de manera eficaz es una tarea extremadamente compleja, que exige la aplicación de estrategias novedosas. Por eso, en este caso en particular, de manera proactiva, a fines de agilizar nuestra propia investigación y en consonancia con nuestro Código Procesal Penal, optamos por cerrar un acuerdo de colaboración con la misma empresa Odebrecht, al igual que lo hicieron Estados Unidos, Brasil y Suiza y otros países.

Con esto no solo logramos que la empresa se comprometiera a colaborar con el Ministerio Público durante la investigación, aportando documentos y evidencias para fortalecer el expediente, sino que en un momento crítico del proceso, conseguimos que accediera a la entrega de las delaciones de sus propios ejecutivos, en las que se mencionaban, con nombre y apellido, al intermediario y a los supuestos juristas, empresarios, funcionarios públicos y legisladores dominicanos involucrados en el esquema de sobornos. Todo esto, en adición a que logramos aplicarle a esa empresa corrupta la pena máxima establecida para estos casos, equivalente a la suma de 184 millones de dólares a favor del Estado Dominicano. Es la primera vez que se aplica una sanción por sobornos en nuestro país e iniciamos con la pena máxima.

Sin ese importante acuerdo, señores y señoras, todo habría sido más lento y más difícil y hoy no estaríamos donde nos encontramos.

Este expediente es el resultado de largos meses de trabajo, en los que un equipo multidisciplinario de más de 50 personas dedicó, por más de un año, más de 130,000 horas de trabajo para examinar, uno por uno, los hallazgos encontrados. Entre estos profesionales se encontraban miembros de carrera del Ministerio Público experimentados en materia de corrupción, procuradores adjuntos, procuradores generales de Corte y fiscales de larga trayectoria, acompañados de otros funcionarios y de nuestros mejores litigantes, además de abogados ayudantes, agrimensores, tasadores, contables, auditores forenses y personal administrativo para apoyar las labores.

Por igual, los fiscales contaron con un grupo de profesionales de diversas áreas dedicados exclusivamente a realizar el análisis societario y financiero de cada una de las personas físicas y jurídicas investigadas. Estos trabajos fueron complementados por otro grupo adicional de investigadores, entrenados por el FBI, que desarrollaron una valiosa labor de campo, que incluyó la colocación de agentes encubiertos que realizaron tareas de recolección y verificación de informaciones.

Colaboraron además decenas de técnicos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quienes evaluaron los perfiles de cientos de personas.

Estos análisis y diligencias fueron revelando poco a poco las vinculaciones entre algunos de los imputados, así como los entramados de corrupción creados por ellos.

Dicho esto, procedo de inmediato a explicar a la nación, con total apertura y transparencia, en qué consistió el proceso de investigación llevado a cabo por este equipo del Ministerio Público.

Desde un inicio identificamos dos grandes vías para obtener las informaciones que necesitábamos: una externa, basada en la cooperación internacional y otra interna, basada en nuestras propias investigaciones en territorio dominicano.

En lo que respecta a la vía externa, tras conocerse el escándalo, en menos de 48 horas solicitamos a Brasil por vía oficial su cooperación formal y en menos de dos semanas habíamos hecho contacto con las autoridades de los Estados Unidos. En febrero nos estábamos reuniendo en persona con las autoridades brasileñas y lo mismo sucedió en mayo con las autoridades norteamericanas del más alto nivel.

Tramitamos múltiples solicitudes de cooperación jurídica internacional a jurisdicciones como Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas, Brasil, España y Panamá, con resultados altamente favorables para el proceso, que resultaron en más de 1,000 páginas de documentos traducidos desde diversos idiomas.

En lo que respecta a nuestra investigación interna, lo primero que hicimos fue solicitar a todas las instituciones del Estado que contrataron con Odebrecht la entrega de la documentación que sustentara los contratos cerrados con la empresa brasileña, incluyendo la identificación de todas las personas que intervinieron en los procesos de negociación y licitación de obras, incluidos ministros, viceministros, consultores jurídicos y asesores; así como legisladores que intervinieron en las dinámicas legislativas de aprobación.

Asimismo, requerimos a Odebrecht, la entrega de toda la información sobre las fechas, montos y formas de pago de las obras contratadas. Sin embargo, no nos conformamos con eso y procedimos a realizar allanamientos a las oficinas de la empresa.

Interrogamos también a los responsables de Odebrecht en el país, a empresarios y a distintos funcionarios que, por su cargo, pudieran haber tenido alguna relación con las obras que realizó la constructora en esos años.

Interrogamos a los titulares de todas las instituciones públicas que habían contratado con Odebrecht, personas que hacía 5, 10 y hasta 15 años atrás habían estampado sus firmas en estos documentos.

Estos interrogatorios y entrevistas incluyeron ministros, ex ministros, senadores y diputados de diversos partidos, en una manifestación de voluntad, determinación, imparcialidad e independencia del Ministerio Público.

Fueron estas diligencias iniciales en las que identificamos las obras de Odebrecht, los intervinientes relevantes en cada una de ellas y establecimos el modus operandi de la compañía.

Con la llegada de las delaciones, recibidas gracias al acuerdo de colaboración con Odebrecht y la cooperación de las autoridades brasileñas, el panorama se fue esclareciendo aún más.

Fieles a nuestra palabra y a nuestro compromiso de perseguir a todos los vinculados en este entramado de corrupción, sin importar partido o rango, procedimos a someter a la justicia a cada una de las 14 personas que habían sido señaladas, de nuevo, con nombre y apellido, en las delaciones. Los incluimos a todos, sin excepción ni distinción.

A través de nuestro sometimiento logramos que los jueces impusieran medidas de coerción contra los 14 imputados, incluyendo ministros, exministros, legisladores, funcionarios y exfuncionarios, y que en ese momento 8 de ellos fueran enviados a la cárcel de Najayo, 2 a prisión domiciliaria y otros con distintas medidas de coerción que incluían impedimento de salida y fianzas.

Iniciamos entonces una investigación vertical, de arriba hacia abajo, comenzando con la persona que había sido identificada como el intermediario utilizado por Odebrecht para distribuir sobornos en el país durante el período completo de investigación.

Analizamos todas y cada una de las contrataciones que este individuo había realizado con Odebrecht, identificamos las fechas y las obras en las que había coincidido con el resto de los imputados, los pagos que había recibido de la empresa, la manera en la que había recibido estos fondos y las cuentas en las que habían sido depositados.

También investigamos a sus familiares, vinculados y a todas sus compañías, obteniendo como resultado de esta tarea un largo listado de personas que, además de los 14 imputados iniciales, pudieron haber formado parte del entramado de corrupción investigado.

De esta forma, procedimos a seguir el rastro del dinero de cada una de estas personas. Así, iniciamos una profunda investigación de naturaleza económica para encontrar evidencias de cualquier beneficio o pago indebido recibido por esos individuos, directa o indirectamente, por parte de Odebrecht o su intermediario.

Pedimos informaciones a más de 40 instituciones públicas y privadas, en lo que se convirtió en el proceso de investigación más completo llevado a nivel nacional en toda la historia dominicana, a las cuales les agradecemos su colaboración y respuesta.

Para estos fines, solicitamos a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Valores y al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo todas las informaciones financieras de las personas físicas y empresas identificadas.

Requerimos a la Junta Central Electoral la validación de los datos familiares de cada uno de los imputados, identificando a todos sus vinculados, y también procedimos a solicitar las informaciones financieras de todas esas personas.

Solicitamos a las Cámaras de Comercio y Producción del país todas las informaciones de las empresas en las que fueran socios o accionistas los imputados e incluso sus familiares y relacionados, y procedimos a solicitar a su vez información de cuentas, transacciones, certificados, préstamos y cualquier otro tipo de información financiera de estas compañías.

Pedimos a la Dirección General de Impuestos Internos las informaciones de índole tributaria, mobiliaria e inmobiliaria de los imputados, familiares, relacionados y sociedades vinculadas.

Por igual, investigamos en los Registros de Títulos del país más de 500 inmuebles registrados a nombre de todas estas personas y sociedades con el objetivo de verificar la naturaleza real del patrimonio de cada uno de ellos.

En el caso de los funcionarios públicos y sus familiares, también investigamos en la Tesorería de la Seguridad Social para confirmar los salarios que habían devengado y reportado y así poder compararlos con sus gastos y flujos en el sistema financiero. Asimismo, solicitamos a las instituciones del Estado donde habían laborado, los ingresos percibidos y procedimos a analizar si sus movimientos y productos financieros, así como los bienes mobiliarios e inmobiliarios registrados por ellos y por sus familiares, podían ser justificados.

De la misma manera, verificamos si tenían fuentes de ingresos adicionales a los sueldos percibidos o empresas en operación que pudieran justificar el estilo de vida llevado y las condiciones económicas ostentadas.

Al mismo tiempo, nos encontrábamos pendientes de cualquier ramificación que surgiese de este proceso que pudiera ampliar el alcance del expediente. Donde surgía una sospecha o se requería alguna aclaración, de inmediato procedíamos a realizar las diligencias necesarias para confirmar o descartar las hipótesis planteadas, llegando incluso a investigar a los mensajeros que hacían depósitos sospechosos en cuentas relacionadas a los imputados.

En la medida en que profundizábamos las investigaciones, surgían nuevas personas, vínculos y compañías de interés, lo que nos obligaba a solicitar las informaciones financieras, societarias, tributarias, mobiliarias e inmobiliarias de cada uno de estos nuevos componentes, y así lo hicimos, una y otra vez, hasta llegar a la verdad.

En total, investigamos más de 400 personas y compañías, solicitando información financiera de cada una de ellas, siendo pertinente aclarar que el hecho de que una persona sea investigada, no implica de hecho que tenga alguna responsabilidad penal.

Esto resultó en la revisión de más de 800,000 transacciones y operaciones financieras correspondientes a más de 1,500 productos, entre ellos cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos, líneas de crédito y certificados.

El resultado de este arduo proceso es el que ha determinado en el día de hoy a consideración certera del Ministerio Público quienes deben ser sometidos y condenados por la justicia dominicana, pero también determinar contra quienes no tenemos elementos de prueba suficientes.

Señoras y señores, tal y como les expliqué el día 29 de mayo del pasado año, no todos los casos de los imputados eran iguales, ni todos ellos participaron de los mismos hechos o en el mismo período de tiempo. Cada caso tenía sus particularidades y así lo comprobamos a través de nuestra investigación.

En este sentido, y en honor a los principios de responsabilidad, seriedad y objetividad que han caracterizado el accionar del Ministerio Público durante esta investigación, les informamos, previo a presentarle a la nación las personas contra las cuales si presentamos formal acto de acusación, que en los casos de los señores: César Domingo Sánchez Torres, Bernardo Castellanos de Moya, Juan Temístocles Montás Domínguez, Julio César Valentín Jiminián, Máximo De Oleo, Alfredo Pacheco Osoria, Ramón Radhamés Segura y Ruddy González no hemos encontrado evidencias suficientes para corroborar las declaraciones provenientes de Brasil en materia de sobornos.

La exhaustiva investigación económica realizada por el Ministerio Público dominicano a estas personas, sus familiares, empresas y vinculados, no arroja elementos contundentes para, por el momento, vincular a estos imputados con los hechos confesados por Odebrecht. Tampoco hemos identificado patrimonios exagerados de los que pueda inferirse la existencia de un enriquecimiento ilícito ni evidencias de que estas personas hayan recibido prebendas directamente de la empresa Odebrecht o indirectamente a través de su intermediario, Ángel Rondón.

En consecuencia, estamos procediendo a archivar provisionalmente los expedientes de estos 8 imputados.

Sin pruebas, no hay proceso, por lo que no nos podemos permitir atar la suerte de expedientes fuertes y contundentes con la de otros que no cuentan con evidencias suficientes para resistir un escrutinio en esta fase final del proceso. Si lo hiciéramos, estaríamos haciéndole un flaco servicio a la justicia y a la nación.

Señoras y señores,

En el caso de otras personas, si contamos con pruebas firmes para probar sobornos, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Es decir, podemos afirmar de manera clara y precisa que, sencillamente, han recibido sobornos y sus números no cuadran. Así mismo, hemos comprobado, de manera contundente e irrefutable, que estas personas ostentan un patrimonio que, simplemente, no corresponde a sus salarios y que no lo pueden justificar. Es por ello que informamos a la nación que en el día de hoy estamos presentando formal acusación y solicitando auto de apertura a juicio contra las siguientes personas:

Ángel Rondón Rijo, como autor de los delitos de asociación de malhechores, soborno y lavado de activos, todos en perjuicio del Estado Dominicano.

Víctor José Díaz Rúa, como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad en escritura pública, enriquecimiento ilícito y lavado de activos;

Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, como cómplice en el delito de soborno, y como autor de los delitos de enriquecimiento patrimonial derivado de actividad delictiva y lavado de activos;

Porfirio Andrés Bautista García, como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos;

Tommy Alberto Galán Grullón, como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos;

Juan Roberto Rodríguez Hernández, como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En el caso del imputado Ángel Rondón Rijo, confirmamos la recepción en el sistema financiero nacional de millonarias sumas de dinero, provenientes de empresas como Klienfeld Services, Ltd., Fasttracker Global Trading, Ltd., Constructora Internacional del Sur e Innovation Research Engineering and Development, Ltd., reconocidas por la misma Constructora Norberto Odebrecht como los vehículos societarios offshore a través de los cuales la División de Operaciones Estructuradas de la empresa realizaba pagos indebidos y no contabilizados para sobornar a funcionarios públicos.

Asimismo, a través de la investigación societaria realizada, confirmamos la existencia de un complejo entramado corporativo a través del cual este imputado movilizaba, ocultaba e integraba sus fondos de origen ilícito en el sistema nacional, en un evidente esquema de lavado de activos. Por igual, encontramos cheques que demuestran el pago de valores entre este imputado y otros de los encausados en el día de hoy.

En lo que respecta al imputado y exministro Víctor José Díaz Rúa, nuestra investigación financiera arrojó fuertes evidencias de que esta persona recibió sobornos de Odebrecht, cometió el delito de prevaricación en el ejercicio de sus funciones y que realizó un enriquecimiento ilícito, presentando un patrimonio de proporciones exorbitantes, imposible de justificar con los salarios que devengó como Director del INAPA y Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.

En lo que respecta al imputado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, comprobamos que sirvió como testaferro y cómplice del imputado Víctor José Díaz Rúa, recibiendo sobornos millonarios para la adjudicación a Odebrecht de la Autopista del Coral, contando el expediente con las transferencias de más de 6 millones de dólares que fueron colocados en una cuenta bancaria en Antiguas y Barbudas y desde la cual posteriormente se transfirieron fondos a una sociedad propiedad de familiares del imputado Víctor José Díaz Rúa.

En cuanto al imputado Porfirio Andrés Bautista García, verificamos que durante los años que fungió como Presidente del Senado el mismo intervino en la aprobación de financiamientos de obras como la Ampliación de la Línea Noroeste y la Hidroeléctrica Palomino, y que el imputado falseó su declaración jurada y movilizó millonarias sumas de dinero en cuentas no declaradas, tratando de ocultar millones de pesos de origen ilícito, detentando hoy un multimillonario patrimonio que sencillamente no puede justificar.

En cuanto al imputado y actual senador, Tommy Alberto Galán Grullón, confirmamos la existencia de un patrimonio que aumentó significativamente a partir del año 2010, justamente en el período en el que fungía como Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado desde la cual conforme los mismos delatores de Odebrecht influenciaba en la aprobación del financiamiento de numerosos proyectos a cambio de prebendas, contando también con un patrimonio millonario que no puede justificar.

Finalmente, en lo relativo al imputado y exdirector, exdiputado y exsenador Juan Roberto Rodríguez Hernández, gracias a la investigación financiera realizada por el Ministerio Público, encontramos evidencia de pagos en cheques que le fueron realizados directamente por parte de una empresa de Ángel Rondón Rijo. Hablamos de cheques de soborno recibidos y canjeados por el mismo imputado. Asimismo, la investigación arrojó que el imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández falseó su declaración jurada y ocultó numerosos inmuebles, productos financieros y empresas, a fin de no revelar el sustancial patrimonio que había acumulado ilícitamente.

En este momento, es pertinente reiterar a la nación que la naturaleza de nuestra investigación, como pudieron comprobar, fue amplia y exhaustiva. Nunca nos limitamos a los 14 imputados originales. Por ello, informamos a la ciudadanía, que estamos presentando acusación adicional contra una de las tantas personas que fueron investigadas desde el inicio, pero contra la cual no fue presentada medida de coerción hasta tanto existieran pruebas concluyentes de su responsabilidad penal. Nos referimos al exsenador Jesús Antonio Vásquez Martínez, a quien estamos acusando de prevaricación, soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Entre los hallazgos que vinculan este imputado al entramado de corrupción se encuentran también cheques recibidos directamente por él mismo exsenador, otro cheque recibido por su esposa y otro cheque recibido por su hijo, siendo estos cheques de la misma empresa usada por Ángel Rondón Rijo para sobornar también a Juan Roberto Rodríguez Hernández. Por igual, nuestra investigación financiera confirmó la existencia de enriquecimiento ilícito y de un patrimonio exorbitante que el exsenador no puede justificar.

Aprovecho este momento para aclarar a la población que los resultados de esta investigación no afectan de manera alguna la investigación de las eventuales sobrevaluaciones de las obras de Odebrecht en el país, por ser estas dos investigaciones independientes.

Con respecto a las sobrevaluaciones, en el marco de nuestras atribuciones legales y como parte de nuestra debida diligencia, les informamos que procedimos a solicitar hace más de un año a la Cámara de Cuentas que realizara las auditorías técnico-forenses necesarias para determinar si las 17 obras contratadas por Odebrecht en la República Dominicana habían sido sobrevaluadas.

La Cámara de cuentas es el organismo facultado por la ley para auditar las obras del Estado, por lo que nos encontramos a la espera de estos resultados para concluir nuestra investigación respecto a las sobrevaluaciones y le aseguramos a la nación que una vez recibamos dichos informes, procederemos a analizar minuciosamente sus hallazgos y en caso de que los mismos evidencien la existencia de hechos penales, procederemos al eventual sometimiento de cualquier responsable.

Este momento también es pertinente para hablar de la obra de Odebrecht que ha recibido mayor escrutinio de la población y de nuestra parte durante todo este proceso. Me refiero a la Termoeléctrica Punta Catalina.

Al igual que hicimos con todas las aristas y ramificaciones de la investigación sobre los sobornos de Odebrecht, también en este caso particular procedimos a realizar una investigación independiente y objetiva.

Evaluamos los contratos de construcción para verificar si existieron irregularidades o incumplimientos a las normas de contratación de obras del Estado.

Entrevistamos a los directivos de la compañía americana Stanley Consultants, firma que asesoró el proceso de licitación de la termoeléctrica.

Revisamos y valoramos el informe preparado por la Comisión Investigadora del Proceso de Licitación y Adjudicación de la obra, a pesar de no tener este carácter vinculante para el Ministerio Público, a los fines de arrojar luz sobre la investigación.

Examinamos los alegatos de que se habían repartido sobornos para lograr la aprobación del financiamiento de la obra en el Congreso Nacional, investigando de manera profunda, como se ha detallado anteriormente, a las personas señaladas como posibles beneficiarios de esas prebendas.

E incluimos, de manera responsable a Punta Catalina en la solicitud de auditoría de sobrevaluación que presentamos ante la Cámara de Cuentas y de cuya respuesta estamos a la espera, tal y como explicamos anteriormente.

Después de haber realizado estas diligencias, no encontramos evidencias de que se materializaron prebendas ni intercambios indebidos durante el proceso de licitación de la obra, así como tampoco durante el financiamiento de la misma.

Ciudadanos y ciudadanas,

Con la presentación de la acusación contra exministros, senadores, exsenadores, diputados, directores, empresarios y abogados, los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Jesús Antonio Vázquez Martínez; estamos marcando un antes y un después en la lucha contra la corrupción y la impunidad en nuestro país.

Hoy finaliza una parte importante de este proceso, pero este es apenas el comienzo de un largo camino en el cual los jueces también deberán cumplir con su rol y hacer justicia.

En los próximos días se realizará una audiencia preliminar en la que el Ministerio Público presentará las pruebas contra cada imputado ante el Juez de la Instrucción Especial, quien decidirá, luego del debate contradictorio correspondiente, si admite nuestra acusación y dicta auto de apertura a juicio para los imputados. Nos encontramos confiados de que así lo debe hacer el Poder Judicial, por la fortaleza del expediente y la calidad del trabajo realizado.

Ahí están las pruebas, contundentes e irrebatibles, resultado de un arduo proceso de recolección y verificación. Todas las evidencias de lo aquí narrado, así como de otros hechos determinantes, se encuentran debidamente depositadas en el expediente acusatorio de estos imputados.

Esta acusación es el resultado de una investigación rigurosa, amplia, profunda y sin dejar detalle alguno fuera de la misma. Este es el expediente más meticulosamente elaborado y completo en materia de corrupción presentado en el país.

Ahora corresponde al juez examinar estas pruebas y determinar su justo valor en el contexto de los hechos, las personas involucradas y la línea de tiempo presentada por el Ministerio Público. Si queremos seguridad jurídica, confianza e institucionalidad, todos debemos cumplir con nuestro papel. Nosotros en el Ministerio Público tenemos la responsabilidad de someter a la justicia a quienes infrinjan la ley y son los jueces los responsables directos de administrar justicia y tomar la decisión final sobre cualquier expediente.

Por eso, los exhorto a que nos acompañen en este camino, a que se mantengan atentos y observen cuidadosamente el accionar de cada uno de los que participen en este proceso.

Ciudadanos y ciudadanas, el 16 de agosto del año 2016 juré ante el país y ante Dios, que por la patria y por mi honor, cumpliría y haría cumplir la Constitución y las leyes. Desde entonces, he trabajado sin descanso por lograr un Ministerio Público cada vez más moderno y eficaz, con las herramientas adecuadas para seguir enfrentando, sin miedo y sin tregua, la corrupción y la impunidad.

Mi compromiso se reafirma hoy más que nunca y no cejará hasta que se dicte sentencia. Con todos ustedes a nuestro lado, con la aspiración de un pueblo que demanda y merece justicia me siento bien acompañado, en esta y otras batallas que quedan por librar. Estoy seguro de que así será, porque tengo la íntima convicción, de que cuando las personas de bien se unen detrás de un propósito común, la Justicia termina por imponerse.

Todos los plazos se cumplen. Llegó el momento de la verdad y de que se haga justicia como manda la ley. Ahora cada uno deberá responder por las consecuencias de sus actos y enfrentar su propio destino.

Cuento con ustedes, muchas gracias y que Dios bendiga a nuestra nación y a todos los dominicanos.