Alrededor de un 58% de las pre adolescentes y adolescentes del sector social de más bajo ingreso en el país contrae matrimonio o se une con hombres en plena o avanzada adultez, pasando a roles que las apartan de la fase de su existencia en la que deben estar: educándose, adquiriendo madurez física y formación moral y emocional en el seno de sus hogares. Ingresan anticipadamente al derrotero de la procreación en condición de pobreza crítica y en la probabilidad de que la cultura que las concepciones machistas imponen tienda a colocarlas en grave inferioridad conyugal. Medidos estadísticamente, los enlaces prematuros configuran un problema social de primera magnitud al frustrar la integración de nacientes existencias humanas a la sociedad, que no completan el ciclo escolar antes de formar familias y trabajar.
Pueden quedar condenadas al círculo vicioso de la pobreza y reducidas a las humillaciones y vasallajes típicos de las relaciones desiguales. Una incongruencia legal les permite matrimoniarse aun cuando los varones que cargan por lo civil o amancebados con menores inferiores en edad a ellos en cinco años o más, cometen abuso sexual penable. Ante los daños que recibe la sociedad, con índices iguales o superiores a los de África, es inaplazable idear mejores políticas de prevención, unificar normativas e impactar a la niñez y adolescencia con programas de disuasión contra la actividad sexual precoz.

Negaciones que traen vacíos

Dista la nación de contar con una cobertura satisfactoria de la Seguridad Social para sus problemas de salud como respuestas a quebrantos evidentemente condicionadas por la selectividad a que se acogen las administradoras de riesgos, palabra que remite a una alta probabilidad de que el enfermo sufra o muera. El catálogo de los compromisos con los asegurados contiene omisiones que en ocasiones equivalen a despreciar la gravedad de las dolencias.

Queda, el común de ellos, a expensas del Programa de Altos Costos del Ministerio de Salud, como ocurre en el renglón de algunas afecciones gastrointestinales que reducen la calidad de vida y causan incertidumbre. Rondando los tres mil millones de pesos al año, la suma que el Gobierno destina a los desprotegidos permite tener idea de lo preocupante de las limitaciones.