La Habana. EFE.- Casi 300 cooperativas dedicadas a la producción agrícola fueron disueltas en Cuba por diversos problemas de gestión y financieros, informaron hoy directivos del sector citados por medios oficiales.

Una gestión insuficiente, deudas vencidas, mal aprovechamiento de los recursos y la tierra, maquinaria obsoleta, baja productividad y problemas organizativos son las principales causas de la desaparición de 298 cooperativas, según las conclusiones de una reunión del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios y Forestales (SNTAF).

El ministro de Agricultura de Cuba, Gustavo Rodríguez, señaló que el objetivo “no es cerrar unidades, sino fortalecer su capacidad de gestión empresarial” con una mejor preparación de sus integrantes.

Rodríguez explicó que la economía cubana necesita que estas organizaciones, denominadas unidades básicas de producción cooperativa (UBPC), sean “eficientes y rentables” para elevar las entregas de alimentos a la población y contribuir al programa de sustitución de importaciones en el país.

Por su parte, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC, el único legal), Ulises Guilarte, recordó que las pérdidas de estas cooperativas en todo el país, hasta junio, acumulan más de 10 millones de pesos cubanos (unos 400.000 dólares), lo que afecta sobre todo a las producciones de café y leche.

Las UBPC son cooperativas agropecuarias con gestión autónoma, donde la producción se realiza en común, utilizan tierra en usufructo, sus trabajadores proceden de empresas estatales y se clasifican de acuerdo a su actividad fundamental, como cañeras o no cañeras, dedicadas estas últimas a cultivos varios como cítricos, frutales, café y tabaco así como a la ganadería.

Las UBPC administran más de 1,7 millones de hectáreas de tierra en Cuba y trabajan el 28 % de la tierra cultivable del país, según datos oficiales.

El Gobierno cubano aprobó en 2012 un paquete de medidas en busca eliminar “las ataduras” y mejorar el funcionamiento de esas cooperativas creadas en 1994, al permitir una forma de gestión más autónoma y un nuevo tratamiento financiero.

En Cuba, el incremento de la producción de alimentos es considerado por las autoridades de la isla un asunto de “seguridad nacional” porque el país importa anualmente el 80 % de los víveres que consume, con gastos de unos 1.800 millones de dólares.