Doble protección para los lácteos

Dada su importancia como renglón de la economía y de alimento de excelencia que amerita protección a nivel de productores lo mismo que de consumidores, es de rigor la vigencia de normas reclamadas para un trato preferencial a la leche de origen nacional e impedir que su puesta a disposición del público implique riesgos para la salud. En nombre de la inocuidad, el etiquetado de envases debe especificar los componentes de bebidas lácteas tomando en apoyo a los intereses del comprador para que sepa a qué atenerse, una forma además de proteger la ganadería local y a los distribuidores que con fidelidad llenan los requisitos de elaboración y de envasado del importante alimento.
Los controles básicos a aplicar por el Estado son: el mercado debe estar abierto en primer lugar a la producción nacional dando paso únicamente a las importaciones que sirvan para que el abastecimiento del comercio sea pleno, tomando en cuenta además que los subsidios a la ganadería en el exterior generan una competencia desleal e ilegal para las normativas dominicanas. Las autoridades se han pasado de tolerantes ante la inaceptable comercialización de leche al granel desde establecimientos que no impiden la exposición del comestible a contaminaciones. La naturaleza y características de lácteos en polvo requiere más que cualquier otro alimento sometido al menudeo una manipulación de higiene estricta.

Reclamar con moderación

El Gobierno está en el deber de rodear de garantías los servicios de transporte público, aun aquellos deficientemente operados (no hay de otra) por intereses privados; y está también en el derecho a preservar ingresos de orden fiscal aun cuando en algunos órdenes, como el de los combustibles, las cargas penalicen por excesivas al consumidor incluyendo actividades productivas. Los altos precios de los derivados del petróleo tienen, en primer término, la causa externa de cotizaciones de mercado. Al protestar por encarecimientos no debe desconocerse ningún aspecto involucrado en el tema ni incurrir en hechos que alteren el orden público o mezclen lo partidario con lo económico. Nada de ello sería necesario para persuadir a las autoridades de que procede tomar decisiones, considerando lo impositivo, que reduzcan los efectos de las alzas.